YPF firmó una carta mandato con BID Invest para estructurar un financiamiento de hasta USD 500 millones destinado a obras de infraestructura vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El acuerdo fue suscripto por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, y el gerente general de BID Invest, James Scriven, en el marco de una estrategia orientada a mejorar la conectividad y la capacidad logística de una de las regiones energéticas más importantes de la Argentina.

Según informó la empresa, los recursos estarán enfocados en proyectos destinados a aliviar las limitaciones de la infraestructura vial de la cuenca neuquina, donde el crecimiento sostenido de la actividad petrolera incrementó significativamente la circulación de vehículos pesados y el transporte de insumos.

Entre las iniciativas en marcha figura la construcción y pavimentación de nuevas rutas y accesos estratégicos, además de obras complementarias destinadas a optimizar el movimiento de equipos, materiales y personal hacia los yacimientos.

La mejora de la infraestructura es considerada un aspecto clave para sostener la expansión de Vaca Muerta, donde se concentra gran parte de la producción nacional de petróleo y gas no convencional. Actualmente, cientos de camiones circulan diariamente por los corredores que conectan los principales centros operativos de la actividad.

El financiamiento se suma a otros proyectos de inversión vinculados al desarrollo energético argentino, entre ellos nuevas obras de transporte de gas, ampliaciones de infraestructura y planes de exportación asociados al crecimiento de la producción en la cuenca neuquina.

Desde YPF señalaron que el objetivo es acompañar el desarrollo productivo con inversiones que permitan mejorar la competitividad, reducir costos logísticos y fortalecer la capacidad operativa de una región considerada estratégica para el futuro energético del país.

El Ministerio de Seguridad informó que durante los últimos seis meses fueron expulsados del país 14.000 extranjeros con antecedentes penales, alertas internacionales o situación migratoria irregular, en el marco de los controles impulsados por el Gobierno nacional en pasos fronterizos, aeropuertos y puertos.

La cifra fue difundida por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que las medidas forman parte de una política orientada a reforzar el control migratorio y prevenir el ingreso o permanencia de personas que incumplen la legislación vigente. Según explicó, las expulsiones alcanzaron a individuos con antecedentes delictivos, pedidos de captura o impedimentos legales para permanecer en el país.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que los operativos se apoyan en el trabajo conjunto de distintas áreas del Estado y en el uso de sistemas biométricos y bases de datos nacionales e internacionales para verificar la situación de quienes ingresan o permanecen en territorio argentino.

Uno de los procedimientos mencionados por el Gobierno se desarrolló en la feria de Villa Celina, en La Matanza, donde fuerzas federales identificaron a 458 personas. Durante el operativo se detectaron 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular y se secuestró mercadería presuntamente vinculada a infracciones de marcas y comercialización ilegal.

Según detallaron las autoridades, en ese procedimiento también fueron incautados 70 teléfonos celulares, 226 pares de zapatillas, 50 remeras y 55 pantalones falsificados. Además, la Justicia Federal dispuso la detención de cuatro personas investigadas por su presunta participación en distintos delitos.

El Gobierno sostiene que el refuerzo de los controles busca fortalecer la seguridad fronteriza y garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria, mientras que las medidas implementadas forman parte de una estrategia más amplia de control y fiscalización en distintos puntos del país.

La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a debatir una nueva modalidad de protesta basada en paros sectoriales escalonados, una estrategia que será analizada en una reunión prevista para esta semana con representantes de gremios de distintos sectores de la economía.

La propuesta, que algunos dirigentes identifican como una “semana social de protesta”, apunta a reemplazar los paros generales tradicionales por medidas de fuerza rotativas en actividades estratégicas, con el objetivo de sostener la presión sobre el Gobierno nacional durante un período más prolongado.

El esquema será evaluado por representantes de sindicatos vinculados al transporte, la industria, la energía y la alimentación, entre otros sectores.

Un modelo inspirado en experiencias europeas

La iniciativa toma como referencia las protestas desarrolladas en Francia durante 2023, cuando distintos sindicatos impulsaron huelgas sectoriales coordinadas contra la reforma previsional promovida por el presidente Emmanuel Macron.

A diferencia de un paro general, este mecanismo contempla interrupciones alternadas en distintas actividades económicas, acompañadas por movilizaciones y acciones de protesta permanentes.

Según sus impulsores, la modalidad permite extender el conflicto en el tiempo y mantener visibilidad pública sin paralizar completamente la actividad del país en una única jornada.

La discusión interna de la CGT

La propuesta surge en un contexto de debate interno dentro de la central obrera sobre cómo encarar la relación con el gobierno de Javier Milei y qué herramientas utilizar frente a las políticas económicas impulsadas por la Casa Rosada.

En las últimas semanas, distintos sectores sindicales plantearon la necesidad de revisar las estrategias de protesta tradicionales y explorar mecanismos que permitan sostener reclamos de manera más prolongada.

El tema será abordado en próximas reuniones del Consejo Directivo y del Comité Central Confederal, donde se definirán los pasos a seguir.

Límites legales y servicios esenciales

Cualquier esquema de medidas de fuerza deberá contemplar las restricciones previstas en la legislación laboral vigente para actividades consideradas esenciales.

Entre ellas se encuentran servicios vinculados al transporte, la salud, la energía y otras áreas críticas, donde la normativa establece la obligación de garantizar prestaciones mínimas durante los conflictos gremiales.

Además, el Gobierno nacional conserva la facultad de dictar conciliaciones obligatorias para suspender temporalmente medidas de fuerza mientras se desarrollan instancias de negociación.

Por el momento, la CGT no definió fechas ni un cronograma concreto de protestas, aunque el debate interno marca el inicio de una nueva etapa de discusión sobre las estrategias sindicales frente al escenario político y económico actual.