El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil confirmó la condena a 27 años y 3 meses de cárcel contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear un supuesto golpe de Estado en 2022. La sentencia, definida por la Primera Sala con el voto clave de Cristiano Zanin, exabogado de Lula, fue duramente cuestionada por la oposición, que denuncia una persecución política.

Junto a Bolsonaro fueron condenados siete exfuncionarios de su gestión, con penas de entre 16 y 26 años, entre ellos el exjefe del Estado Mayor Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres y el excomandante de la Marina Almir Garnier. El único voto en disidencia dentro del tribunal fue el de Luiz Fux, que consideró improcedente la competencia del STF.

Desde el entorno bolsonarista sostienen que se trató de un proceso “fabricado” para neutralizar al principal adversario de Lula da Silva, mientras que la Corte argumentó que las pruebas confirmaron un plan para “romper el estado democrático de derecho”. La condena generó rechazo internacional: el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio acusó al juez Alexandre de Moraes de liderar una “cacería de brujas” y advirtió que Washington responderá políticamente.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había escrito una carta de 33 páginas en la que solicitaba “con carácter de urgencia” asilo político al mandatario argentino, Javier Milei. El texto, que nunca fue enviado, fue encontrado por la Policía Federal en un teléfono celular incautado al exmandatario.

En la misiva, Bolsonaro afirmó ser víctima de persecución política y expresó temores por su seguridad personal. Señaló que podría ser arrestado de manera “injusta, ilegal y arbitraria” por parte de las autoridades judiciales de su país. El archivo estaba fechado el 10 de febrero de 2024, dos días después de que se le retirara el pasaporte en el marco de una investigación.

El dirigente se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y deberá enfrentar juicio el 2 de septiembre, acusado de un presunto intento de golpe de Estado. El proceso podría derivar en una condena de más de 40 años. Además, el Tribunal Superior Electoral lo inhabilitó hasta 2030, dejándolo fuera de la competencia política en Brasil.

La inflación en Brasil llegó al 5,06% interanual en febrero, marcando un incremento respecto al 4,56% de enero y alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2023, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La suba de tarifas eléctricas, con un aumento del 16,8%, y el encarecimiento de la educación, con una variación del 4,7%, fueron los principales factores que impulsaron el alza.

Para intentar frenar la escalada de precios, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció la eliminación de impuestos de importación en productos básicos como carne, azúcar y aceite de oliva. Sin embargo, los analistas prevén que la inflación podría alcanzar el 5,68% en 2025, lo que complica las expectativas económicas. En este contexto, el Banco Central mantiene una política de tasas de interés elevadas, mientras la popularidad del presidente sigue en descenso, reflejando el malestar de la población frente a la pérdida de poder adquisitivo.