Río de Janeiro amaneció este miércoles con una escena de horror: más de 50 cadáveres fueron hallados en una zona boscosa entre los complejos de Alemão y Penha, epicentro de una operación policial contra el Comando Vermelho, el grupo narco más poderoso de Brasil. Los cuerpos fueron trasladados por vecinos hasta la plaza São Lucas, en el Complexo da Penha, ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades.

Según la Defensa Civil, la cifra oficial asciende a 64 muertos y 81 detenidos, aunque organizaciones locales sostienen que los números podrían ser aún mayores. Las imágenes de los habitantes apilando cadáveres en plena calle recorrieron el país y reavivaron el debate sobre la violencia estructural y la ausencia del Estado.

La ofensiva —considerada la más letal en la historia del estado— dejó al descubierto el colapso de la política de seguridad pública. Mientras el gobernador Cláudio Castro (PL) habló de una “guerra contra el crimen organizado” y pidió apoyo federal, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantuvo silencio.

Analistas y opositores denunciaron que el gobierno nacional no interviene en los estados gobernados por la oposición, lo que facilita la expansión del narcotráfico y agrava la inseguridad en las favelas.

Durante la madrugada, la autopista Grajaú–Jacarepaguá estuvo cerrada durante horas, y amplias zonas del norte y sur de la ciudad permanecieron vacías y con los comercios cerrados. “En una noche normal estaría viendo un partido en la vereda, pero hoy me quedo en casa”, contó un vecino al portal G1, reflejando el temor generalizado.

Según datos oficiales, más de 700 personas murieron en operaciones policiales en 2024, cifra ya superada en lo que va de este año. Con bandas armadas que controlan un tercio del territorio de Río, la crisis de seguridad alcanza niveles inéditos.

El operativo contra el Comando Vermelho buscó frenar el avance del crimen organizado, pero terminó exhibiendo un panorama desolador: un Estado ausente, una sociedad aterrada y una violencia que parece no tener fin.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil confirmó la condena a 27 años y 3 meses de cárcel contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear un supuesto golpe de Estado en 2022. La sentencia, definida por la Primera Sala con el voto clave de Cristiano Zanin, exabogado de Lula, fue duramente cuestionada por la oposición, que denuncia una persecución política.

Junto a Bolsonaro fueron condenados siete exfuncionarios de su gestión, con penas de entre 16 y 26 años, entre ellos el exjefe del Estado Mayor Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres y el excomandante de la Marina Almir Garnier. El único voto en disidencia dentro del tribunal fue el de Luiz Fux, que consideró improcedente la competencia del STF.

Desde el entorno bolsonarista sostienen que se trató de un proceso “fabricado” para neutralizar al principal adversario de Lula da Silva, mientras que la Corte argumentó que las pruebas confirmaron un plan para “romper el estado democrático de derecho”. La condena generó rechazo internacional: el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio acusó al juez Alexandre de Moraes de liderar una “cacería de brujas” y advirtió que Washington responderá políticamente.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había escrito una carta de 33 páginas en la que solicitaba “con carácter de urgencia” asilo político al mandatario argentino, Javier Milei. El texto, que nunca fue enviado, fue encontrado por la Policía Federal en un teléfono celular incautado al exmandatario.

En la misiva, Bolsonaro afirmó ser víctima de persecución política y expresó temores por su seguridad personal. Señaló que podría ser arrestado de manera “injusta, ilegal y arbitraria” por parte de las autoridades judiciales de su país. El archivo estaba fechado el 10 de febrero de 2024, dos días después de que se le retirara el pasaporte en el marco de una investigación.

El dirigente se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y deberá enfrentar juicio el 2 de septiembre, acusado de un presunto intento de golpe de Estado. El proceso podría derivar en una condena de más de 40 años. Además, el Tribunal Superior Electoral lo inhabilitó hasta 2030, dejándolo fuera de la competencia política en Brasil.