La escalada se intensificó en las últimas horas tras versiones de que Estados Unidos evalúa un ataque contra Irán, en un contexto de protestas mortales que atravesaron su día 17. Fuentes citadas por medios internacionales indicaron que el presidente Donald Trump analizó alternativas con su equipo y pidió acciones rápidas y limitadas, evitando una guerra prolongada, mientras Teherán advirtió una respuesta “decisiva” si es atacado.

En paralelo, se registraron alertas y restricciones en la región. La Embajada de EE. UU. en Kuwait recomendó limitar desplazamientos y suspendió traslados a bases como Camp Arifjan y Ali Al Salem Air Base; en Israel, la embajada estadounidense emitió una nueva alerta de seguridad. Además, Irán cerró temporalmente su espacio aéreo —con excepciones para vuelos civiles autorizados— y notificó que la restricción regirá hasta el 15 de enero.

La situación operativa sumó movimientos aéreos y reportes no confirmados: se detectaron aviones de combate de origen desconocido sobre el sur de Irak, se informó actividad aérea en el norte de Israel y Irán habría puesto en alerta a su fuerza aérea, con despliegues de MiG-29 para reconocimiento. También circularon versiones de explosiones en Teherán, sin confirmación oficial.

A nivel internacional, Alemania advirtió a sus aerolíneas que eviten el espacio aéreo iraní, mientras el Reino Unido desaconsejó viajes no esenciales a Israel. En este marco, analistas señalaron el traslado de aviones cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense hacia Oriente Medio como señal de refuerzo preventivo, mientras Washington mantuvo abierta la posibilidad de medidas adicionales si la situación se agrava.

Maduro se presentó este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, después de un operativo realizado durante la madrugada del sábado por fuerzas del Ejército de Estados Unidos. La causa quedó bajo la órbita del juez Alvin K. Hellerstein, quien supervisa el expediente que investiga narcoterrorismo, conspiración para el tráfico internacional de drogas y asociación ilícita.

Según la acusación del Departamento de Justicia, el ex mandatario encabezó durante años una estructura criminal organizada que utilizó organismos del Estado venezolano para facilitar el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos y otros destinos. La imputación describe maniobras sistemáticas y una red de financiamiento sostenida desde el poder político.

De acuerdo con la legislación federal estadounidense, los delitos imputados podrían derivar en penas máximas, incluida la cadena perpetua y, en determinados supuestos, la pena de muerte, en caso de una eventual condena. La causa se encuadra dentro de las investigaciones estratégicas contra el crimen organizado transnacional.

En paralelo, el presidente Donald Trump se refirió al caso y afirmó que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez mantuvo contactos con Washington en el marco del proceso posterior a la captura. Desde Estados Unidos señalaron además que se avanza en gestiones políticas y diplomáticas para evitar un vacío de poder y ordenar una transición institucional en Venezuela, un escenario que es seguido de cerca por gobiernos de toda la región.

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la interceptación de un tercer buque petrolero sancionado vinculado al comercio energético de Venezuela, en una operación realizada durante el fin de semana en aguas internacionales. Se trata del tercer procedimiento de este tipo en lo que va del mes y el segundo en apenas algunos días.

Si bien el Gobierno estadounidense no difundió oficialmente el nombre de la embarcación ni el punto exacto de la intercepción, fuentes citadas por Bloomberg indicaron que el buque sería el Bella 1, un petrolero con bandera panameña que ya figuraba en la lista de sanciones y que se dirigía hacia territorio venezolano para cargar crudo.

La acción se produjo poco después de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo total” contra las embarcaciones sancionadas que operen en rutas de entrada o salida de Venezuela. Según la administración estadounidense, la medida apunta a reforzar el cumplimiento de las restricciones económicas vigentes.

En Washington señalaron que estas operaciones buscan enviar una advertencia directa a navieras, aseguradoras y actores del mercado energético que faciliten el transporte de petróleo venezolano. Al intervenir buques previamente sancionados, el objetivo es desalentar maniobras destinadas a evadir las limitaciones impuestas.

Durante la última semana, las fuerzas estadounidenses ya habían incautado otros dos petroleros vinculados al mismo esquema. El primero fue destacado públicamente por el propio Trump, mientras que el segundo fue interceptado en la madrugada del 20 de diciembre, confirmando una secuencia de acciones coordinadas.

Especialistas en política internacional advierten que estas detenciones representan un impacto significativo en la logística petrolera venezolana y refuerzan el uso de las sanciones como herramienta de presión. Con estas medidas, Estados Unidos ratifica su decisión de sostener y profundizar el cerco económico hasta forzar cambios políticos en el país sudamericano.