El Gobierno de Javier Milei confirmó que el primer grupo de rescatistas del Ejército Argentino ya se encuentra desplegado en Venezuela, donde participa de las tareas de asistencia tras los terremotos que sacudieron al país caribeño y provocaron una grave emergencia humanitaria.

El contingente está integrado por 26 efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes arribaron durante la madrugada del sábado y comenzaron de inmediato las tareas de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en las zonas más afectadas por los sismos.

A pocas horas de aterrizar, los rescatistas argentinos se incorporaron a los operativos desplegados en Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las regiones que sufrió los mayores daños.

Con entrenamiento especializado para intervenir en escenarios de desastre, los efectivos trabajan junto a binomios caninos en la localización de sobrevivientes bajo los escombros, coordinando acciones con equipos venezolanos y otras delegaciones internacionales.

La misión es encabezada por el coronel Miguel Ángel Wissinger y fue recibida oficialmente por el ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo Enrique González López, quien dio inicio al despliegue operativo.

El operativo argentino incluye especialistas en búsqueda y salvamento, médicos, enfermeros, auxiliares y equipamiento sanitario destinado a brindar una respuesta integral frente a la emergencia.

Además de los rescatistas, la misión trasladó medicamentos, una ambulancia y distintos insumos para asistir a la población afectada mientras continúan las tareas de rescate.

Antes de la partida, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó el trabajo del personal enviado: «Las primeras brigadas USAR coordinadas por la AFE ya están en camino a Venezuela para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto. ¡Buen viaje a todos los rescatistas! Argentina está orgullosa de ustedes«.

Para concretar el traslado del personal y el equipamiento, el Gobierno dispuso un operativo aéreo integrado por un Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

El contingente partió el viernes desde la Base Aérea de El Palomar, como parte de la asistencia humanitaria impulsada por el Gobierno nacional tras la tragedia.

La misión argentina se desarrolla mientras continúan las operaciones para asistir a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con menos de un minuto de diferencia.

El desastre dejó cientos de víctimas fatales, miles de personas desaparecidas y severos daños materiales, por lo que los equipos internacionales mantienen las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas del país.

El Gobierno de Venezuela declaró el estado de emergencia luego de los terremotos que afectaron al centro y norte del país y que provocaron derrumbes, interrupciones de servicios y daños en distintas localidades. La medida fue confirmada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, mientras continúan las tareas de evaluación y asistencia en las zonas más afectadas.

Según los reportes preliminares, los movimientos sísmicos fueron percibidos con fuerza en Caracas y en estados como Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, donde se registraron daños en infraestructura y despliegues de emergencia. Las autoridades suspendieron actividades no esenciales y reforzaron los operativos de rescate en distintos puntos del país.

Mientras avanzan las tareas de asistencia, distintos líderes de la región expresaron su solidaridad y ofrecieron colaboración humanitaria. El presidente argentino Javier Milei manifestó su apoyo al pueblo venezolano y puso a disposición recursos sanitarios, equipos de rescate y personal especializado para colaborar ante la emergencia.

También se sumaron ofrecimientos de ayuda por parte de otros países latinoamericanos. Entre ellos, El Salvador anunció la disponibilidad de rescatistas, paramédicos e insumos de primera necesidad, mientras que otros gobiernos de la región expresaron su voluntad de cooperar con las autoridades venezolanas y los organismos internacionales.

A su vez, funcionarios de Estados Unidos transmitieron mensajes de solidaridad y señalaron que se encuentran monitoreando la situación junto a las autoridades correspondientes. En paralelo, dirigentes políticos y referentes sociales venezolanos llamaron a la unidad y a la colaboración para afrontar las consecuencias de la catástrofe.

Con los equipos de emergencia aún trabajando sobre el terreno, las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños y las necesidades de asistencia en un escenario que mantiene en alerta a gran parte del país.

El régimen de Venezuela confirmó la liberación del argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, quien permaneció detenido desde septiembre de 2024 en la cárcel de El Rodeo I. La excarcelación fue validada por la ONG Foro Penal, encargada de verificar los listados de presos políticos liberados en las últimas horas.

Harari fue arrestado el 4 de septiembre de 2024 y permaneció privado de su libertad durante más de un año, en un contexto marcado por detenciones sin debido proceso. Su salida de prisión se dio tras un anuncio oficial del chavismo que informó la excarcelación de 116 personas, aunque las organizaciones independientes lograron confirmar solo 50 casos, lo que volvió a exponer la falta de transparencia del sistema penitenciario.

Entre los liberados también figuraron dos ciudadanos italianos, detenidos en noviembre de 2024, y un ciudadano hispano-venezolano con vínculo familiar con una reconocida defensora de derechos humanos. Sin embargo, desde Foro Penal remarcaron que estas medidas no modifican el cuadro general, ya que al menos 803 personas continúan detenidas por razones políticas.

En el caso argentino, la situación siguió siendo crítica. No hubo información oficial sobre la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia, ni del abogado Germán Darío Giuiliani, arrestado semanas después de haber ingresado al país. Ambos permanecieron detenidos sin cargos claros ni garantías judiciales, según denunciaron sus familiares y organismos de derechos humanos.