La creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, anunciada el 5 de febrero, generó un fuerte cruce entre el Gobierno nacional y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Mientras el Ejecutivo defendió la medida como una herramienta para combatir la desinformación, la entidad periodística advirtió sobre una supuesta “gravedad institucional”.

Desde el Gobierno explicaron que el nuevo organismo busca desmentir activamente fake news, señalar falsedades concretas y exponer operaciones mediáticas, en un contexto marcado por el fin de la pauta oficial y el retiro del financiamiento estatal a medios y comunicadores. Según el comunicado oficial, la iniciativa no implica censura, sino la incorporación de una voz institucional que aporte datos y contexto frente a información falsa.

En ese marco, el Ejecutivo remarcó que la Oficina no regula contenidos ni sanciona periodistas, y que su función es brindar información verificable para que la ciudadanía pueda distinguir hechos de relatos. “La libertad de expresión es un valor central de esta administración”, subrayaron desde Casa Rosada.

FOPEA, en cambio, cuestionó el rol activo del Estado en el debate público y rechazó que el Gobierno asuma la tarea de desmentir versiones periodísticas. En un comunicado, sostuvo que la Oficina podría funcionar como un “tribunal de la verdad”, y expresó su preocupación por el uso de cuentas oficiales en redes sociales para responder a contenidos mediáticos.

Desde el Ejecutivo respondieron que exponer información falsa no equivale a censurar, y que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino permitiendo que los ciudadanos accedan a datos claros y contrastables. En ese sentido, reafirmaron que la Oficina busca transparentar el debate público y evitar que la desinformación quede sin respuesta.

Según detallaron las autoridades, el episodio fue protagonizado por sectores de ATE y APyT, que irrumpieron de manera violenta en áreas administrativas, interrumpieron el funcionamiento institucional y retuvieron al personal presente, en un hospital público de referencia nacional y regional en atención pediátrica.

Desde la conducción del Garrahan explicaron que el conflicto se originó tras la decisión del Consejo de Administración de aplicar descuentos salariales por ausencias injustificadas, en cumplimiento de la normativa vigente y de la política de presentismo. En ese marco, señalaron que la reacción gremial no respondió a un reclamo laboral legítimo, sino a una maniobra de carácter político.

Las autoridades advirtieron que este accionar puso en riesgo el normal funcionamiento del hospital y la atención de miles de niños, y remarcaron que no se tolerarán prácticas de presión, violencia o apriete sindical dentro de una institución sanitaria crítica. “El Garrahan no es un espacio de militancia ni un botín gremial”, afirmaron.

Finalmente, destacaron que, pese a los hechos, la gestión del hospital continúa con normalidad, con presupuesto garantizado, bonos vigentes para el personal y obras y equipamiento en marcha por más de 30 mil millones de pesos, financiados con recursos propios, en defensa del derecho de los pacientes a una atención de calidad.

La intención de voto rumbo a las elecciones de 2027 confirma un predominio transversal de La Libertad Avanza en el electorado argentino. El relevamiento por estrato socioeconómico ubica al oficialismo como la principal fuerza política en todos los niveles de ingresos, con una diferencia amplia frente al resto de los espacios.

En el nivel económico bajo, La Libertad Avanza alcanza el 35% de intención de voto, superando con claridad al peronismo kirchnerista (18%) y al Frente de Izquierda (9%). En ese segmento, Provincias Unidas suma 6%, mientras que un 32% de los encuestados declara no tener su voto definido. Aun con ese porcentaje de indecisos, el oficialismo retiene el liderazgo sin competidores cercanos.

La ventaja se amplía en los sectores medios, donde La Libertad Avanza llega al 50%, duplicando al kirchnerismo, que se mantiene en 20%. En ese estrato, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas registran 4% cada uno, y los indecisos vuelven a ubicarse en 21%.

Entre los sectores de mayores ingresos, la tendencia se sostiene: el oficialismo lidera con 49%, seguido por el kirchnerismo con 20%. El Frente de Izquierda alcanza 6%, Provincias Unidas 4% y los indecisos representan 21%. El dato consolida a La Libertad Avanza como la única fuerza con predominio en todos los estratos.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es el desplazamiento del voto tradicional en el segmento de menores recursos, donde históricamente el peronismo concentraba mayor adhesión. En esta medición, el espacio referenciado en Cristina Kirchner y Axel Kicillof queda muy por detrás del oficialismo, incluso considerando el alto nivel de indecisión.

En conjunto, los resultados indican que La Libertad Avanza no solo lidera la intención de voto general, sino que expande su base social y reafirma su centralidad en el escenario político de cara a 2027, con ventajas consistentes en todos los niveles económicos.