La Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares, en una votación que marcó un fuerte debate político. El proyecto actualiza la normativa vigente desde 2010 y establece criterios más específicos para determinar qué zonas deben ser protegidas, limitando la categoría a aquellas áreas con función hídrica comprobada.

Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento del rol de las provincias, que pasarán a tener mayor injerencia en la definición de los territorios protegidos, en base a estudios técnico-científicos. La norma reconoce a los distritos como titulares de los recursos naturales y les otorga capacidad para definir usos productivos en determinadas zonas.

En ese marco, la ley habilita actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera en áreas periglaciares que no cumplan funciones ambientales críticas. Sin embargo, mantiene restricciones en zonas sensibles, donde continúan prohibidas actividades que puedan afectar los recursos hídricos.

Además, se establece la obligatoriedad de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental para cada proyecto y se dispone la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares, que deberá revisarse cada cinco años con información aportada por las provincias.

Desde el oficialismo señalaron que la reforma apunta a destrabar inversiones estratégicas, especialmente en sectores como el litio y el cobre, mientras que sectores opositores y organizaciones ambientalistas cuestionaron los alcances de la modificación.

Con la aprobación en Diputados, la iniciativa se posiciona como un cambio relevante en el esquema regulatorio, con impacto tanto en la protección ambiental como en el desarrollo productivo del país.

Durante su exposición en el Atlantic Council, el titular de Economía afirmó que el programa oficial no tendrá retrocesos y sostuvo que el “cambio es inexorable”. En ese marco, cuestionó a sectores políticos y mediáticos que critican la gestión y aseguró que el Gobierno mantiene el objetivo de impulsar una transformación estructural de la economía.

En relación a las reformas, Caputo explicó que el Ejecutivo avanza con la reglamentación de la reforma laboral, pese a las trabas judiciales que frenaron parte de su implementación. Según indicó, la meta es aumentar la formalización del empleo, lo que permitiría mejorar la recaudación y sostener la baja de impuestos.

El ministro también destacó iniciativas como la ley de Inocencia Fiscal y el impulso al mercado de capitales, junto con medidas para incentivar el uso de dólares no declarados en el sistema financiero. Sin embargo, reconoció que algunas de estas políticas aún no lograron un impacto significativo en los depósitos en moneda extranjera.

En materia de infraestructura, anunció un plan para licitar 9.000 kilómetros de rutas en los próximos meses y avanzar con la concesión de otros 12.000 kilómetros, además de transferencias a provincias. Según anticipó, estos proyectos apuntan a generar cambios estructurales en la red vial en el corto plazo.

Caputo volvió a descartar una devaluación como herramienta de competitividad y planteó que el foco debe estar en reducir impuestos, desregular la economía y mejorar la logística. En paralelo, confirmó que viajará a Estados Unidos para participar de las reuniones del FMI y el Banco Mundial, donde se espera avanzar en la revisión del acuerdo vigente.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, afirmó que el próximo año electoral será “un paseo por el parque”, al proyectar un escenario de estabilidad económica y previsibilidad política, en contraste con procesos anteriores en la Argentina.

Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que el país atraviesa una etapa respaldada por indicadores económicos sólidos y una mayor confianza del mercado, lo que permitiría evitar tensiones habituales en contextos electorales.

En ese marco, Caputo remarcó que incluso gobernadores opositores coincidieron en la necesidad de sostener el rumbo económico, lo que interpretó como una señal de respaldo político transversal.

Sin embargo, advirtió que el principal factor de incertidumbre es el temor al regreso del kirchnerismo, al que definió como un elemento que impacta en las decisiones económicas y financieras, especialmente en relación al ahorro y la inversión.

El ministro también defendió la política de regularización fiscal y aseguró que existen garantías para el sistema, aunque reconoció que persiste cierta desconfianza social que condiciona el comportamiento de los ahorristas.

En relación a la actividad económica, rechazó la idea de una estanflación y sostuvo que los datos reflejan una recuperación sostenida, con mejoras en consumo, crédito y nivel de actividad.

Asimismo, relativizó la caída en la recaudación fiscal, al señalar que responde en parte a la reducción de impuestos y a cambios en la dinámica económica.

Finalmente, el titular del Palacio de Hacienda descartó la existencia de un atraso cambiario, defendió el rol del crédito hipotecario como motor de crecimiento y aseguró que el Gobierno continuará enfocado en consolidar la estabilidad macroeconómica.