La sesión de la Cámara de Diputados convocada para tratar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional comenzó en un clima de fuerte tensión política, con cruces entre el oficialismo y bloques opositores por la dinámica del debate. Legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda se acercaron al estrado presidencial para reclamar una votación nominal solicitada previamente, lo que derivó en interrupciones y desorden en el recinto.

El conflicto se desató cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, otorgó la palabra al diputado Carlos Zapata (La Libertad Avanza), decisión que fue cuestionada por la oposición. Varios diputados abandonaron sus bancas y se dirigieron hacia la mesa de autoridades para increpar a la presidencia, lo que afectó momentáneamente el normal desarrollo de la sesión.

En ese contexto, el oficialismo denunció un episodio protagonizado por la diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria), a quien acusó de acercarse a la mesa central donde trabajan los taquígrafos y manipular cables de conexión. Según legisladores libertarios, la acción habría buscado interrumpir el registro técnico de la sesión.

El momento fue filmado por la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), quien difundió el video en redes sociales y reclamó sanciones institucionales. Desde el oficialismo señalaron que el hecho agravó el clima de tensión durante el tratamiento de una de las reformas centrales del programa del Gobierno.

Pese a los incidentes, la sesión continuó y posteriormente la Cámara avanzó con el debate y la votación de la iniciativa de modernización laboral.

En la antesala del debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional ratificó que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro convocado por la CGT y otros gremios. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales, que señalaron que quienes no presten tareas durante la jornada de protesta no percibirán la remuneración correspondiente.

Desde la Casa Rosada explicaron que el criterio se basa en que el Estado no abonará jornadas no trabajadas, y recordaron que el mismo esquema ya se aplicó durante medidas de fuerza realizadas en 2025. El impacto podría ser mayor en esta oportunidad debido a la adhesión de gremios del transporte, que anticiparon una paralización total de servicios por 24 horas.

La medida sindical se produce en el marco del tratamiento legislativo de la reforma laboral, que el oficialismo busca aprobar en Diputados tras su paso por el Senado. En el Gobierno sostienen que la convocatoria perdió sustento luego de que el Ejecutivo aceptara revisar en comisión el artículo sobre licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados por los gremios.

Sin embargo, la CGT y otras organizaciones sindicales mantienen el paro al considerar que el proyecto conserva aspectos que afectan derechos laborales y el funcionamiento sindical, como la ultraactividad de los convenios colectivos, la prevalencia de convenios de empresa y la regulación de asambleas en lugares de trabajo.

La jornada también expuso tensiones internas en el sindicalismo. Mientras la UPCN confirmó su adhesión sin movilización, la ATE convocó a marchar al Congreso. En paralelo, gremios del transporte ratificaron el cese total de actividades, anticipando un paro de alto impacto en todo el país en medio del avance de la reforma laboral.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en general el proyecto que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en el marco de la reforma del sistema penal juvenil vigente desde 1980. La votación registró 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, y el texto fue girado al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento definitivo.

La iniciativa fija penas de hasta 15 años para delitos graves cometidos por menores de entre 14 y 18 años —como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros— y prevé sanciones alternativas en casos de menor gravedad, entre ellas servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibiciones de acercamiento y reparación del daño.

El proyecto también crea institutos especializados para adolescentes, con acceso obligatorio a educación, atención sanitaria y tratamiento de adicciones, y establece la prohibición de convivencia con detenidos adultos. Además, incorpora mecanismos como la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba en delitos leves, con participación de las víctimas.

Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma busca cerrar vacíos del régimen actual y dar respuesta a delitos graves cometidos por menores. En el debate participaron especialistas y familiares de víctimas, mientras sectores opositores cuestionaron la baja de la edad penal y reclamaron políticas preventivas.

Con la media sanción en Diputados, el Congreso avanzó en una modificación estructural del régimen penal juvenil. El Senado definirá ahora el futuro de una reforma que reabre el debate sobre la responsabilidad penal adolescente en la Argentina.