El Gobierno nacional pidió formalmente a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que investigue un presunto caso de adoctrinamiento político en el ámbito escolar ocurrido durante un acto en la escuela St. John’s School de Pilar. La solicitud fue enviada por el Ministerio de Capital Humano, tras la difusión de un video que deberá ser verificado por la jurisdicción provincial.

Según la comunicación oficial, en la grabación una inspectora de la Región 11 habría realizado ante alumnos de nivel primario consideraciones ideológicas vinculadas con la política migratoria de Estados Unidos, lo que, de confirmarse, podría constituir adoctrinamiento partidario. La cartera nacional advirtió que este tipo de conductas afecta la integridad psicológica y el libre desarrollo del pensamiento de los estudiantes.

En el pedido de informes, el Gobierno recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho de enseñar y aprender en un marco de pluralismo y libertad de expresión. También citó normas como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y la Ley de Educación Nacional, que obligan a respetar la libertad de conciencia y proteger a los alumnos de cualquier forma de agresión psicológica o imposición ideológica.

El Ministerio solicitó a la Provincia que informe si se inició una investigación administrativa, qué medidas se adoptarán en caso de confirmarse los hechos y qué protocolos existen para prevenir el adoctrinamiento en las escuelas. Además, requirió datos sobre antecedentes o denuncias similares y las herramientas disponibles para garantizar el pluralismo en el sistema educativo bonaerense.

Desde el Ejecutivo nacional señalaron que la educación debe desarrollarse en un ámbito de neutralidad política y respeto por la diversidad de pensamiento, y remarcaron la necesidad de preservar el derecho de los estudiantes a formar sus propias opiniones sin interferencias partidarias.

El dato surge del relevamiento de casi 90 resoluciones de la Secretaría de Medios bonaerense, que muestran la asignación de recursos mediante contratación directa y sin criterios objetivos establecidos por ley. La información pública detalla montos y destinatarios, pero no especifica la finalidad de cada campaña ni los contenidos financiados.

Entre los principales beneficiarios figura el Grupo Indalo, que recibió el 12,2% del total de la pauta, con C5N como principal receptor individual. También aparecen el Grupo Olmos (Crónica) con el 6,2%, el Grupo América con el 5,2%, el Grupo Clarín con el 5% y El Destape con el 4,9%.

Las resoluciones incluyen además pagos a productoras, empresas de vía pública, medios regionales y contenidos digitales, entre ellos El Eco Multimedios (Tandil), Owen Publicidad, La Brújula 24, SkyShock Media y creadores de contenidos para plataformas online y transmisiones deportivas.

Según fuentes del Ministerio de Comunicación bonaerense, la distribución responde a la naturaleza y alcance de las campañas institucionales. No obstante, la provincia no cuenta con una ley de pauta oficial, por lo que las asignaciones quedan bajo decisión administrativa de la Secretaría de Medios.

El gasto en publicidad se ejecutó en año electoral y en paralelo a otros programas de comunicación institucional. Con estos montos, la pauta oficial bonaerense se ubicó entre las más altas del país en términos absolutos, en un contexto de debate sobre transparencia y criterios de asignación de fondos públicos en la comunicación estatal.

El máximo tribunal penal del país confirmó la resolución previa del juez Sebastián Casanello, quien había determinado que las manifestaciones del mandatario no constituían delito. El fallo fue firmado por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, que rechazaron el recurso de la querella y dieron por cerrado el proceso.

La causa se originó a partir de tres episodios entre 2023 y 2024, en los que Fontevecchia consideró ofensivas declaraciones públicas de Milei realizadas en entrevistas y discursos donde cuestionó al Grupo Perfil, el rol de la pauta oficial y la cobertura mediática sobre su figura y su programa económico.

En su voto, Mahiques sostuvo que las expresiones analizadas se vinculan con temas de interés público y forman parte del debate político democrático, por lo que resultan jurídicamente atípicas. En la misma línea, Borinsky subrayó que la libertad de expresión es un pilar del sistema constitucional, incluso cuando se utilizan términos críticos o satíricos en discusiones sobre asuntos públicos.

Con la decisión unánime de Casación, quedó firme el sobreseimiento del Presidente y se cerró definitivamente la causa penal iniciada por el director del Grupo Perfil. El tribunal reafirmó que las opiniones vertidas en el marco del debate político y mediático se encuentran especialmente protegidas por la Constitución.