La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender la actividad oficial en todas las categorías durante el fin de semana del 5 al 8 de marzo, tras una decisión unánime adoptada en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. La medida implica la postergación de la fecha 9 del Torneo Apertura y del resto de los campeonatos, en rechazo a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La causa judicial se originó a partir de una presentación del organismo recaudador en diciembre, en la que se sostiene que la AFA habría incumplido el pago de Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales durante 2024 y 2025 por un monto superior a $19.000 millones. La investigación alcanza a dirigentes de la entidad, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros miembros de la conducción.

Desde la AFA rechazaron las acusaciones y afirmaron que “no existe deuda exigible”, ya que las obligaciones fiscales cuestionadas habrían sido canceladas antes de su vencimiento. La entidad informó que el planteo fue elevado a la Cámara de Apelaciones, donde permanece pendiente de resolución, y cuestionó que ARCA considere los hechos como un posible delito penal tributario.

En ese contexto, los clubes resolvieron suspender la fecha prevista como señal institucional frente al conflicto judicial y tributario. La medida paralizará la actividad oficial en Liga Profesional, ascensos y fútbol femenino, y deja en suspenso la programación del calendario nacional durante esos días.

La decisión profundiza la tensión entre la dirigencia del fútbol argentino y el Gobierno nacional, en un escenario marcado por la investigación en curso y la citación a indagatoria de autoridades de la AFA.

El presidente Javier Milei encabezó el acto de presentación del nuevo DNI electrónico y el nuevo pasaporte argentino, acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli. La iniciativa se inscribe en un proceso de modernización integral del sistema de identificación nacional.

Desde el Ejecutivo destacaron que la actualización apunta a reducir la falsificación, fortalecer la seguridad documental y proteger la información sensible de los ciudadanos mediante tecnologías criptográficas avanzadas. El nuevo esquema también busca agilizar trámites y optimizar los controles migratorios, alineando al país con las mejores prácticas internacionales.

El DNI electrónico incorpora un chip seguro con datos encriptados, fabricado en policarbonato de alta resistencia, que permite validar identidad de forma autónoma y dificulta la adulteración. Suma además mecanismos avanzados de autenticación, utilizados por países líderes en documentación digital.

En paralelo, el nuevo pasaporte argentino integra página de datos en policarbonato, grabado láser y elementos de seguridad visibles y no visibles, junto al chip electrónico, alcanzando el máximo estándar global para viajes internacionales y reforzando la confiabilidad en fronteras.

Finalmente, el Gobierno subrayó que esta transformación constituye un salto cualitativo en seguridad y eficiencia estatal, al reducir riesgos de fraude y consolidar una política de identificación moderna, en línea con la agenda de modernización del Estado.

Las fuerzas federales frustraron un ataque contra infraestructura energética estratégica en la zona de los Bosques de Ezeiza, al sur del conurbano bonaerense. El hecho ocurrió el 31 de enero y es investigado por la Justicia Federal como un posible atentado terrorista, debido a la naturaleza del blanco, el tipo de armamento y la disposición del material explosivo hallado en el lugar.

Según fuentes de seguridad, un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina advirtió la presencia de dos individuos en una motocicleta cerca de un gasoducto troncal. Al notar al uniformado, los sospechosos abrieron fuego con armas calibre 9 mm y huyeron del lugar.

Para los investigadores, los disparos no solo buscaron asegurar la fuga, sino que habrían tenido como objetivo detonar material inflamable previamente colocado para provocar una explosión masiva. Tras el escape, un operativo de rastrillaje permitió constatar el alcance del ataque planificado: se hallaron dos granadas listas para detonar, botellas con combustible dispuestas sobre caños de alivio y vainas servidas 9 mm en sectores señalizados como “peligro: gas de alta presión”.

La selección del objetivo y la colocación estratégica de los explosivos resultan determinantes para encuadrar el episodio como terrorismo, al tratarse de un intento deliberado de causar daños masivos, generar pánico social y afectar el suministro energético del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por el impacto potencial y por haberse producido en un área protegida, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Vanesa Rocuso. La magistrada ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina (División Explosivos), Bomberos y Policía Científica para neutralizar riesgos y avanzar con las pericias.

En paralelo, se mantiene un operativo de búsqueda en el sur del conurbano para identificar y detener a los responsables, mientras se investigan motivaciones y posibles vínculos del atentado frustrado.