El Gobierno nacional avanzó con una nueva señal de disciplina fiscal al solicitar a todos los ministerios un plan de reducción del gasto. La medida apunta a optimizar recursos, reducir estructuras administrativas y eliminar partidas no prioritarias, en línea con la estrategia económica oficial.

El esquema diferencia entre gastos operativos y de inversión, con el objetivo de aplicar un ajuste segmentado. Según trascendió, el foco estaría puesto en la eficiencia del Estado y no en áreas sensibles, priorizando la reducción de costos burocráticos.

De concretarse, la iniciativa marcaría una nueva etapa en el proceso de ajuste impulsado desde el inicio de la gestión, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal y consolidar la estabilidad macroeconómica.

En paralelo, el Ejecutivo ya avanzó en una reducción del empleo público, con una caída del 19% en la planta estatal, lo que implicó la salida de más de 66.000 trabajadores en distintos organismos.

Además, el Gobierno impulsa un proceso de desregulación económica, con miles de reformas orientadas a simplificar trámites, eliminar restricciones y fomentar la inversión privada, en un intento por mejorar el funcionamiento del mercado y acompañar la recuperación de la actividad.

La sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, fue recibida de manera positiva por el sector minero, que la considera un cambio clave para generar mayor previsibilidad normativa. Según distintas estimaciones privadas, la nueva legislación podría reactivar inversiones que permanecían frenadas por la falta de definiciones claras sobre el alcance de las zonas protegidas.

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señalaron que la modificación no elimina controles ambientales, sino que establece criterios más precisos para definir qué áreas deben preservarse y cuáles pueden destinarse a la producción bajo estándares técnicos y regulatorios.

Uno de los principales efectos esperados es el impulso a proyectos estratégicos en distintas provincias. Entre ellos aparecen desarrollos como Vicuña, El Pachón y Los Azules en San Juan, junto a MARA en Catamarca y Taca Taca en Salta, todos asociados al crecimiento de la demanda global de minerales.

La reforma también refuerza el rol de las provincias en la definición de las áreas protegidas, consolidando un esquema de mayor participación en la gestión de los recursos naturales y habilitando condiciones para avanzar en iniciativas productivas de gran escala.

En este contexto, el sector sostiene que la Argentina mejora su posicionamiento para atraer capitales en un mercado internacional donde minerales como el cobre, el litio, el oro y el uranio ganan protagonismo. La expectativa es que el nuevo marco permita transformar el potencial geológico en crecimiento económico sostenido y generación de empleo.

El Banco Mundial difundió un reporte en el que ubica a la Argentina como uno de los países con mejor desempeño esperado en América Latina. Según las proyecciones, la economía local tendrá dos años consecutivos de crecimiento sostenido, superando el promedio regional en un escenario marcado por dificultades para la mayoría de los países.

De acuerdo con el informe, América Latina y el Caribe crecerán en conjunto un 2,1% en 2026, por debajo del 2,5% registrado el año anterior. En ese contexto, la Argentina se posiciona como una excepción, con estimaciones que la ubican por encima de economías como Brasil (1,6%) y México (1,3%).

El organismo también señala que el país muestra signos de recuperación tras años de crisis, con mejoras vinculadas al desempeño macroeconómico. En ese marco, destaca la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) y el impacto de las políticas implementadas en el último período.

Las proyecciones reflejan un escenario de mayor estabilidad y crecimiento para la economía argentina, en contraste con un contexto regional más limitado. Según el informe, esta dinámica posiciona al país como uno de los principales impulsores del crecimiento en América Latina en los próximos años.