La escalada se intensificó en las últimas horas tras versiones de que Estados Unidos evalúa un ataque contra Irán, en un contexto de protestas mortales que atravesaron su día 17. Fuentes citadas por medios internacionales indicaron que el presidente Donald Trump analizó alternativas con su equipo y pidió acciones rápidas y limitadas, evitando una guerra prolongada, mientras Teherán advirtió una respuesta “decisiva” si es atacado.

En paralelo, se registraron alertas y restricciones en la región. La Embajada de EE. UU. en Kuwait recomendó limitar desplazamientos y suspendió traslados a bases como Camp Arifjan y Ali Al Salem Air Base; en Israel, la embajada estadounidense emitió una nueva alerta de seguridad. Además, Irán cerró temporalmente su espacio aéreo —con excepciones para vuelos civiles autorizados— y notificó que la restricción regirá hasta el 15 de enero.

La situación operativa sumó movimientos aéreos y reportes no confirmados: se detectaron aviones de combate de origen desconocido sobre el sur de Irak, se informó actividad aérea en el norte de Israel y Irán habría puesto en alerta a su fuerza aérea, con despliegues de MiG-29 para reconocimiento. También circularon versiones de explosiones en Teherán, sin confirmación oficial.

A nivel internacional, Alemania advirtió a sus aerolíneas que eviten el espacio aéreo iraní, mientras el Reino Unido desaconsejó viajes no esenciales a Israel. En este marco, analistas señalaron el traslado de aviones cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense hacia Oriente Medio como señal de refuerzo preventivo, mientras Washington mantuvo abierta la posibilidad de medidas adicionales si la situación se agrava.

El empresariado cordobés avanzará en los próximos días con un planteo directo al Congreso para exigir apoyo explícito a la modernización laboral impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa, promovida por el G-7 y la Unión Industrial de Córdoba, busca que los legisladores que responden al oficialismo provincial adopten una posición clara y voten afirmativamente el proyecto cuando vuelva al recinto.

Desde el sector privado sostienen que el escenario político y económico abre una oportunidad clave para reformar el mercado de trabajo, con foco en la reducción de la litigiosidad, la baja de costos no salariales y el estímulo al empleo formal. En ese marco, Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, confirmó que solicitarán de manera expresa el acompañamiento legislativo y remarcó que la reforma integra la agenda histórica de la UIA y resulta central para mejorar la competitividad.

El proyecto contempla cambios en la ultraactividad de los convenios, revisiones sobre la carga fiscal del trabajo registrado y la creación de un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, con reducción de aportes por dos años para nuevas contrataciones. Para las cámaras empresarias, el paquete apunta a dar previsibilidad jurídica y a dinamizar el mercado laboral en un contexto de bajo nivel de empleo privado.

El respaldo se amplió a otros sectores. La Cámara de Comercio de Córdoba, que nuclea a actividades que generan casi 255.000 empleos directos, confirmó que elaborará un informe de impacto y abrirá conversaciones con senadores nacionales para asegurar los votos. También se sumó el sector de la construcción, que calificó la iniciativa como necesaria para adecuar las relaciones laborales a un esquema productivo moderno. Con el debate previsto para febrero, la atención se centra en Alejandra Vigo y en los diputados alineados con la Provincia, a quienes los empresarios advierten que una abstención o un voto negativo chocaría con el discurso productivista cordobés.

El Gobierno nacional oficializó una modificación en el régimen de contrataciones públicas que endurece las condiciones de acceso a licitaciones de obras, bienes y servicios. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, amplió las causales de inelegibilidad para impedir la participación de empresas vinculadas a corrupción y a prácticas fraudulentas.

El nuevo marco establece que quedarán excluidas las firmas relacionadas con conductas corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas, entre otras. Además, obliga a los organismos estatales a verificar a los oferentes contra listados de inhabilitaciones elaborados por organismos internacionales, en particular el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, incorporando un control adicional alineado con estándares globales.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la contratación pública debe desarrollarse bajo principios de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, y remarcó que la corrupción deteriora la confianza institucional, afecta la calidad de los servicios y distorsiona el uso de los recursos públicos. El decreto también reforzó el rol del Estado en prevenir y sancionar prácticas ilícitas, habilitando exclusiones administrativas como herramienta disuasoria.

Uno de los cambios centrales fue la eliminación de una restricción previa que acotaba la inelegibilidad a las prácticas definidas por la Convención de la OCDE sobre cohecho transnacional. Con el decreto 5/2026, ese límite se suprimió, ampliando el alcance de las causales de exclusión.

La decisión se inscribe en un contexto de reordenamiento del sistema de compras públicas. En paralelo, el Gobierno recordó la actualización del registro de contratistas, que ahora exige inscripción en el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una plataforma unificada para inscripción y calificación. Según el Ejecutivo, el conjunto de medidas busca cerrar brechas que facilitaron irregularidades y fortalecer los controles en la adjudicación de contratos estatales.