La ministra Alejandra Monteoliva señaló que Novikov utilizaba identidades falsas y desarrollaba campañas digitales orientadas a influir en la opinión pública. Según explicó, las autoridades consideran que el ciudadano ruso formaba parte de una organización más amplia dedicada a operaciones de desinformación con presuntos vínculos con el Kremlin.

De acuerdo a la información oficial, Novikov había ingresado a la Argentina el 12 de abril y declaró que permanecería solo una semana en el país. Sin embargo, posteriormente se instaló en Lanús y fue detenido el 30 de abril, lo que derivó en un procedimiento administrativo por infracción a la Ley de Migraciones impulsado por la Dirección Nacional de Migraciones.

La investigación judicial quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Ramiro González, tras una denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky. La causa apunta a una presunta estructura denominada “La Compañía”, acusada de impulsar contenidos falsos y operaciones digitales con objetivos de influencia política.

Según trascendió, Novikov también había sido detenido en República Dominicana durante septiembre del año pasado, en una causa vinculada a campañas de manipulación en redes sociales y generación de contenido digital para distintos países de la región.

Desde la Embajada de Rusia en Buenos Aires rechazaron las acusaciones y aseguraron que el ciudadano ruso negó los cargos. Además, calificaron el episodio como parte de una supuesta campaña de “rusofobia”.

El Gobierno nacional puso en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas mediante un esquema de financiamiento específico. La medida fue oficializada a través del Decreto 314/2026 y es impulsada por el Ministerio de Defensa.

Uno de los puntos centrales del programa es la asignación de recursos provenientes de la gestión de bienes del Estado. En ese marco, se estableció que el 10% de lo recaudado por ventas, alquileres o privatizaciones de activos no militares será destinado al Ministerio de Defensa para tareas de reequipamiento, modernización e infraestructura.

Además, el plan introduce cambios en la administración de los bienes propios de las Fuerzas Armadas. Según se dispuso, hasta el 70% de los ingresos generados por estos activos podrá ser reinvertido directamente en el sistema de defensa, lo que modifica el esquema previo en el que los fondos eran transferidos en su totalidad al Tesoro Nacional.

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca consolidar una fuente de financiamiento adicional, complementaria al presupuesto vigente, que permita avanzar en la actualización tecnológica, mantenimiento y adquisición de equipamiento de manera sostenida.

El programa también establece criterios de planificación para priorizar el uso de los recursos en función de las necesidades operativas. Según indicaron, el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de defensa y garantizar la continuidad de los procesos de modernización en el tiempo.

El Gobierno nacional avanzó con una reducción de más de 67.000 puestos de trabajo en el sector público desde el inicio de la gestión. Según datos oficiales, la mayor parte del ajuste se registró en la Administración Pública Nacional (APN), donde se redujo significativamente la cantidad de cargos.

En ese ámbito, la planta pasó de más de 230.000 trabajadores a menos de 190.000, con bajas distribuidas entre áreas centralizadas, descentralizadas y otros organismos. Desde el Ejecutivo indicaron que este proceso está vinculado a una reorganización del Estado y a la eliminación de estructuras.

La tendencia también se replicó en empresas y sociedades estatales, donde se registró una reducción de más de 20.000 empleados, asociada a cierres, reestructuraciones y procesos de privatización.

Los datos más recientes muestran que el recorte continúa, con nuevas bajas mensuales en distintos sectores. Desde el Gobierno sostienen que la medida busca ordenar las cuentas públicas y reducir el peso del gasto estatal.

En ese marco, el presidente Javier Milei planteó que el tamaño del Estado está directamente vinculado a la presión fiscal, y reafirmó la intención de avanzar en políticas orientadas a disminuir el gasto y generar condiciones para la baja de impuestos.