El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para avanzar con una profunda desregulación del mercado inmobiliario. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, busca modificar el marco regulatorio del corretaje inmobiliario y forma parte de un paquete de iniciativas que el oficialismo pretende presentar antes del receso legislativo.

Entre los principales cambios, el proyecto contempla la eliminación de la colegiación obligatoria para ejercer la actividad, el fin de los aranceles mínimos establecidos por normativa, la derogación de la exigencia de un título universitario prevista en la Ley 25.028 y la eliminación de las restricciones territoriales, permitiendo que los corredores puedan desempeñarse en distintas jurisdicciones del país.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca incrementar la competencia, reducir costos y flexibilizar el funcionamiento del mercado inmobiliario. En ese sentido, Sturzenegger cuestionó el esquema vigente y afirmó que los colegios profesionales no deberían tener la facultad de fijar condiciones económicas para el ejercicio de la actividad. Según el funcionario, el objetivo es generar un mercado con menos regulaciones y facilitar el acceso a la vivienda mediante una reducción de costos.

La iniciativa también incluye un diagnóstico sobre la evolución de la normativa que regula el corretaje inmobiliario en las provincias. De acuerdo con el Ejecutivo, gran parte de las leyes que establecieron el actual sistema de colegiación fueron sancionadas a partir de 2003. En paralelo, el Gobierno señaló que distintos colegios profesionales ya manifestaron su rechazo a la propuesta y mantienen gestiones para defender el régimen vigente.

Además de esta reforma, el oficialismo prevé enviar al Congreso una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal II, elaborada por el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo. La iniciativa apunta a incentivar la incorporación al sistema financiero de ahorros que actualmente permanecen fuera del circuito formal, con el objetivo de canalizarlos hacia inversiones productivas, infraestructura y financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Una competencia de trail running disputada el domingo en General Roca terminó con incidentes luego de que integrantes de la comunidad Lof Leufuche interrumpieran el recorrido y protagonizaran una agresión contra corredores que participaban de la 17ª edición de la Doble Apolo. Según denunciaron los organizadores y algunos competidores, un grupo de personas retiró parte de la señalización del circuito y atacó a participantes con rebenques y boleadoras.

Uno de los corredores aseguró que recibió un golpe en la cabeza con una boleadora y sufrió la rotura de su remera. Otro competidor, Fernando Castro, afirmó que situaciones de este tipo ya se registraron en otras oportunidades. Tras los hechos, la organización informó que el circuito había sido revisado antes de la largada para reinstalar la señalización que había sido retirada.

Por su parte, la comunidad Lof Leufuche presentó una denuncia ante la Fiscalía N.º 1. En la presentación sostuvo que el recorrido de la competencia atravesó un territorio que considera comunitario y denunció presuntas irregularidades vinculadas a la posesión del lugar, la protección de sitios arqueológicos y el derecho a la consulta previa.

Desde el Municipio de General Roca rechazaron esos planteos y señalaron que la competencia se desarrolló dentro de un Área Protegida Municipal habilitada para actividades recreativas. La secretaria de Producción, Florencia Ghirardelli, indicó que el evento contó con las autorizaciones correspondientes y que el recorrido fue aprobado por las autoridades competentes. En la misma línea, la organización de la carrera aseguró que disponía de todos los permisos necesarios, incluidos los otorgados por Vialidad Rionegrina y por el propietario del campo lindero.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias de la agresión denunciada por los corredores y analizar los planteos presentados por la comunidad respecto del recorrido de la competencia.

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno avanzará con una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa apunta a fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, impedir que el organismo financie al Tesoro mediante emisión y establecer responsabilidades penales para quienes violen esa prohibición.

El mandatario realizó el anuncio durante una entrevista en Neura y, más tarde, mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, para avanzar en la redacción del proyecto.

Según explicó Milei, la reforma buscará restablecer como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda, dejando sin efecto las modificaciones introducidas en 2012, cuando se ampliaron las funciones del organismo para incluir metas vinculadas al desarrollo económico y el empleo. «La estafa y la falsificación de moneda son un delito penal. Así es que hasta podemos utilizar partes del Código Penal existente», sostuvo el Presidente.

Además, el jefe de Estado anticipó que el Gobierno trabaja en un mecanismo para limitar el gasto público una vez agotado el presupuesto aprobado, una herramienta que definió como un sistema de «shutdown» del Estado. También vinculó esta reforma con otros proyectos que el oficialismo buscará impulsar, entre ellos las leyes de Mercado de Capitales, Inocencia Fiscal y cambios en el régimen de seguros.

En paralelo, Milei destacó la evolución de algunas variables económicas y señaló que las reservas internacionales del Banco Central superaron los USD 49.000 millones, mientras ratificó que el programa económico continuará basado en el equilibrio fiscal, la disciplina monetaria y la reducción de la inflación.