El Gobierno nacional y la Iglesia Católica mantendrán este martes la primera reunión formal de coordinación para preparar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El encuentro comenzará a las 17 en la Casa Rosada y será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien estará al frente del equipo gubernamental encargado de articular los diferentes aspectos de la llegada del Pontífice.

Participarán funcionarios nacionales, representantes del Gobierno porteño y miembros de la Iglesia Católica. Por parte del Episcopado estarán el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.

Aunque los contactos entre el Ejecutivo y la Iglesia comenzaron meses atrás, la conformación de una mesa formal avanzó después de que el Vaticano confirmara la inclusión de la Argentina en la próxima gira latinoamericana de León XIV.

La visita tendrá carácter oficial e incluirá un encuentro privado entre el presidente Javier Milei y el Papa, además de las diferentes actividades pastorales y protocolares previstas durante los cuatro días.

El itinerario contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. León XIV llegará al país después de visitar Uruguay y posteriormente continuará su gira hacia Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa antes de convertirse en Pontífice.

La organización incluirá el recibimiento oficial, los encuentros institucionales y religiosos, además de los dispositivos de seguridad, traslados y cortes de tránsito necesarios para las distintas recorridas.

La primera mesa estará concentrada principalmente en las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente se realizarán reuniones específicas para organizar el paso por Córdoba y también se conformarán equipos locales para Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La coordinación previa estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno y del secretario de Culto y Civilización, Pablo Caulo, quien mantuvo contactos con autoridades del Vaticano durante las últimas semanas.

El Gobierno de Javier Milei designó a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua, quien dejó el cargo tras conducir el área durante la etapa anterior de la gestión.

La designación fue firmada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y será formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial. Desde el Ejecutivo destacaron especialmente el perfil técnico y académico de la nueva funcionaria.

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial, magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral y actualmente desarrolla un doctorado en Ingeniería en esa misma institución.

Además de su formación académica, cuenta con experiencia en investigación, docencia y conducción de proyectos tecnológicos tanto en el ámbito privado como en la administración pública. Actualmente dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral.

También es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial, y participa en investigaciones relacionadas con criptografía poscuántica, protección de infraestructuras críticas y ciberseguridad.

Entre sus antecedentes figura además su participación en la Mesa de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, que intervino en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Según informó la Secretaría, la incorporación de Baravalle buscará profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, promover la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, las empresas y el sistema científico y académico.

La llegada de la especialista se produce en un contexto de creciente protagonismo de la inteligencia artificial y la ciberseguridad dentro de las agendas gubernamentales y productivas. Con la designación, el Ejecutivo coloca a una profesional especializada al frente de una de las áreas vinculadas con la modernización tecnológica del Estado.

El Gobierno de Javier Milei formalizó la adhesión de la Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional centrada en cuestiones vinculadas con la vida humana, la familia, la salud de las mujeres y la soberanía de los Estados.

La incorporación fue anunciada por el canciller Pablo Quirno, quien señaló que el país buscará aportar capacidad diplomática y proyección regional dentro de la coalición.

“La Declaración reafirma la protección de la vida humana y a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad”, expresó Quirno al comunicar la decisión.

El Consenso de Ginebra fue impulsado originalmente en 2020 durante la primera administración de Donald Trump. Entre sus postulados sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional para que los Estados lo financien o faciliten.

El documento también reivindica la soberanía de cada país para establecer sus propias políticas en la materia de acuerdo con su legislación interna, uno de los puntos destacados por la administración argentina al fundamentar su incorporación.

Estados Unidos volvió a sumarse a la iniciativa tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y desde junio de 2026 ejerce como secretaría del mecanismo internacional.

La adhesión argentina se enmarca en la orientación de política exterior impulsada por Milei, que incorporó la defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada y la soberanía nacional entre los principios reivindicados por su administración.

“Este acto confirma el rumbo que trazó el Presidente Javier Milei: la vida, la libertad, la propiedad privada y el imperio de la Ley orientan las decisiones de este Gobierno”, afirmó Quirno.

Con la incorporación al Consenso de Ginebra, Argentina pasa a integrar formalmente la coalición de países firmantes y profundiza su alineamiento internacional con gobiernos que sostienen posiciones similares respecto de la familia, el aborto y la autonomía de los Estados para definir sus políticas internas.