Río de Janeiro amaneció este miércoles con una escena de horror: más de 50 cadáveres fueron hallados en una zona boscosa entre los complejos de Alemão y Penha, epicentro de una operación policial contra el Comando Vermelho, el grupo narco más poderoso de Brasil. Los cuerpos fueron trasladados por vecinos hasta la plaza São Lucas, en el Complexo da Penha, ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades.

Según la Defensa Civil, la cifra oficial asciende a 64 muertos y 81 detenidos, aunque organizaciones locales sostienen que los números podrían ser aún mayores. Las imágenes de los habitantes apilando cadáveres en plena calle recorrieron el país y reavivaron el debate sobre la violencia estructural y la ausencia del Estado.

La ofensiva —considerada la más letal en la historia del estado— dejó al descubierto el colapso de la política de seguridad pública. Mientras el gobernador Cláudio Castro (PL) habló de una “guerra contra el crimen organizado” y pidió apoyo federal, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantuvo silencio.

Analistas y opositores denunciaron que el gobierno nacional no interviene en los estados gobernados por la oposición, lo que facilita la expansión del narcotráfico y agrava la inseguridad en las favelas.

Durante la madrugada, la autopista Grajaú–Jacarepaguá estuvo cerrada durante horas, y amplias zonas del norte y sur de la ciudad permanecieron vacías y con los comercios cerrados. “En una noche normal estaría viendo un partido en la vereda, pero hoy me quedo en casa”, contó un vecino al portal G1, reflejando el temor generalizado.

Según datos oficiales, más de 700 personas murieron en operaciones policiales en 2024, cifra ya superada en lo que va de este año. Con bandas armadas que controlan un tercio del territorio de Río, la crisis de seguridad alcanza niveles inéditos.

El operativo contra el Comando Vermelho buscó frenar el avance del crimen organizado, pero terminó exhibiendo un panorama desolador: un Estado ausente, una sociedad aterrada y una violencia que parece no tener fin.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había escrito una carta de 33 páginas en la que solicitaba “con carácter de urgencia” asilo político al mandatario argentino, Javier Milei. El texto, que nunca fue enviado, fue encontrado por la Policía Federal en un teléfono celular incautado al exmandatario.

En la misiva, Bolsonaro afirmó ser víctima de persecución política y expresó temores por su seguridad personal. Señaló que podría ser arrestado de manera “injusta, ilegal y arbitraria” por parte de las autoridades judiciales de su país. El archivo estaba fechado el 10 de febrero de 2024, dos días después de que se le retirara el pasaporte en el marco de una investigación.

El dirigente se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y deberá enfrentar juicio el 2 de septiembre, acusado de un presunto intento de golpe de Estado. El proceso podría derivar en una condena de más de 40 años. Además, el Tribunal Superior Electoral lo inhabilitó hasta 2030, dejándolo fuera de la competencia política en Brasil.

La inflación en Brasil llegó al 5,06% interanual en febrero, marcando un incremento respecto al 4,56% de enero y alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2023, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La suba de tarifas eléctricas, con un aumento del 16,8%, y el encarecimiento de la educación, con una variación del 4,7%, fueron los principales factores que impulsaron el alza.

Para intentar frenar la escalada de precios, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció la eliminación de impuestos de importación en productos básicos como carne, azúcar y aceite de oliva. Sin embargo, los analistas prevén que la inflación podría alcanzar el 5,68% en 2025, lo que complica las expectativas económicas. En este contexto, el Banco Central mantiene una política de tasas de interés elevadas, mientras la popularidad del presidente sigue en descenso, reflejando el malestar de la población frente a la pérdida de poder adquisitivo.