El gobierno de Estados Unidos formalizó su respaldo a la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, al presentarse ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para solicitar que se desestimen las sanciones y la declaración de desacato promovidas por los demandantes encabezados por el fondo Burford.

La presentación, realizada por el Departamento de Justicia ante la jueza Loretta Preska, advierte sobre las implicancias internacionales del caso y sostiene que los litigios contra Estados soberanos en tribunales estadounidenses pueden afectar la política exterior y el trato recíproco que recibe Estados Unidos en otras jurisdicciones.

En ese sentido, el escrito cuestiona los requerimientos de discovery que dieron origen al planteo de desacato y señala que exigir comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales resulta incompatible con las consideraciones de cortesía internacional y reciprocidad que rigen en disputas con Estados extranjeros.

El documento concluye que la moción de los demandantes para imponer sanciones procesales y económicas contra la Argentina “no se ajusta a los principios de cortesía internacional ni a la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)”, norma que regula la inmunidad de los Estados en tribunales estadounidenses, y por lo tanto debe ser rechazada.

Desde la Procuración del Tesoro destacaron que el respaldo norteamericano refleja la solidez de la defensa argentina y remarcaron que el país cumplió con el proceso de discovery durante más de dos años, con la entrega de más de 115.000 páginas de documentación, sin que los demandantes encontraran pruebas que respalden sus acusaciones.

En paralelo, la Argentina apeló la continuidad del discovery ante la Cámara del Segundo Circuito, mientras siguen pendientes otras apelaciones vinculadas a la eventual entrega de acciones de YPF y a aspectos procesales del litigio.

El posicionamiento del gobierno estadounidense introduce un elemento político relevante en una causa de alto impacto financiero para el país y refuerza la estrategia argentina basada en la inmunidad soberana y el derecho internacional, en una etapa clave del proceso judicial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre con líderes latinoamericanos el 7 de marzo en Miami, con sede en el hotel Trump National Doral. La iniciativa fue promovida por la Casa Blanca y apunta a fortalecer la coordinación política entre gobiernos afines de la región.

Según fuentes diplomáticas, fueron invitados los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador), junto a dirigentes opositores de otros países. El encuentro buscará abordar temas de cooperación regional, comercio e inversiones, además de la relación con potencias extrarregionales.

La convocatoria se inscribe en la estrategia exterior estadounidense orientada a reforzar vínculos políticos y económicos en América Latina. En ese marco, Washington viene promoviendo acuerdos en áreas como minerales críticos, energía y seguridad, con participación de países sudamericanos.

La relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina aparece como uno de los ejes del encuentro. La administración Trump considera a la gestión de Milei un socio clave en la región, y ambos gobiernos han profundizado contactos en materia económica y estratégica durante el último año.

La cumbre en Miami marcará el primer encuentro político regional convocado por Trump desde el inicio de su mandato y reunirá a líderes con agendas económicas y geopolíticas convergentes en el continente.

Documentos recientemente desclasificados por el FBI incorporaron referencias a la colaboración brindada por Donald Trump en el marco de la investigación inicial contra Jeffrey Epstein, financista acusado y condenado por delitos sexuales. Según el material difundido, Trump aportó información cuando la causa comenzó a avanzar en el condado de Palm Beach.

La relación entre ambos se había dado en el ámbito social durante la década de 1990 y comienzos de los 2000, en eventos empresariales en Nueva York y Florida, antes de que Epstein enfrentara cargos formales. De acuerdo con registros públicos y reportes periodísticos, el vínculo se interrumpió en 2004, tras una disputa comercial vinculada a una propiedad en Palm Beach.

Ese mismo año, Epstein fue excluido del club Mar-a-Lago, propiedad de Trump, y se le prohibió el ingreso. El entonces empresario sostuvo que la decisión respondió a conductas que consideró inapropiadas. La ruptura se produjo antes de la primera condena judicial que enfrentó Epstein en 2008 por un delito estatal.

Cuando en 2005 se inició la investigación por abuso sexual de menores, Trump no fue señalado como sospechoso. En 2009, el abogado de víctimas Bradley Edwards declaró que el empresario había sido una de las figuras públicas que cooperó de manera voluntaria, facilitando información relevante para la causa.

Epstein fue arrestado nuevamente en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió en agosto de ese año en una cárcel de Nueva York, en un fallecimiento oficialmente catalogado como suicidio. Tras su detención, Trump manifestó públicamente que no mantenía relación con él desde hacía años y expresó respaldo a la desclasificación de documentos vinculados al expediente.