El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye ajustes impositivos y una ampliación significativa del gasto destinado a programas etiquetados con perspectiva de género. La propuesta generó debate entre sectores productivos y referentes locales por el impacto fiscal y la distribución de partidas.

Según el documento oficial, el Municipio asignará $12.688 millones a iniciativas vinculadas a género durante el próximo año, cifra que representa un incremento histórico para este rubro. La presentación no detalla aún la totalidad de las acciones que se financiarán ni los mecanismos de evaluación previstos.

En el apartado fiscal, el proyecto incorpora una nueva tasa solidaria orientada principalmente al Polo Petroquímico, además de incrementos en tributos municipales que alcanzarán a comercios, industrias y contribuyentes residenciales. Desde el Ejecutivo argumentan que estas medidas buscan reforzar la recaudación para sostener servicios y obras prioritarias.

El presupuesto también contempla un aumento superior al 55% en el gasto destinado al servicio de recolección de residuos, administrado por una sociedad de participación estatal. Este ítem, junto con otros incrementos de partidas, mantiene abierto el debate sobre la eficiencia del gasto municipal y las prioridades del plan 2026.

El proyecto comenzará a ser tratado en comisión durante las próximas semanas, en un contexto marcado por discusiones sobre la presión fiscal y la necesidad de equilibrar recursos con servicios cada vez más demandados por la comunidad.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso el decomiso de 20 inmuebles vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la ejecución de la condena firme del Caso Vialidad, confirmada por la Corte Suprema en junio. La medida alcanza a la exmandataria, a Lázaro Báez, a exfuncionarios nacionales y a otros condenados, quienes deberán devolver al Estado $685.000 millones.

La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, establece la ejecución solidaria de los $684.990.350.139,86 fijados en el fallo y detalla los activos sobre los que se avanzará. El Tribunal remarcó que el decomiso busca impedir que los delitos de corrupción generen beneficios económicos para sus autores o para quienes recibieron bienes derivados de las maniobras sin contraprestación.

En el caso de Cristina Kirchner, la orden incluye un inmueble propio y otras 19 propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner, consideradas parte del circuito patrimonial surgido del esquema que tuvo como principal contratista a Lázaro Báez, quien perderá más de 80 bienes entre propiedades y activos societarios. Para los magistrados, el crecimiento “exponencial” del patrimonio de Báez entre 2002 y 2014 fue posible gracias a sobreprecios, pagos anticipados, cartelización y un sistema de adjudicación direccionado.

El Tribunal señaló que las operaciones entre los Kirchner y las empresas de Báez fueron la expresión económica del delito y que la normativa internacional de recuperación de activos permite alcanzar a terceros que recibieron bienes provenientes de fondos ilícitos en forma gratuita.

La ejecución quedó habilitada luego de que fracasaran tres intentos de Cristina Kirchner por frenar el proceso. Vencido el plazo de diez días hábiles para el pago voluntario, ninguno de los condenados respondió. Con la condena firme, la inhabilitación perpetua y el decomiso en marcha, el expediente entra en su etapa final.

Un nuevo estudio de la consultora CasaTres volvió a exhibir una brecha generacional y de género en la evaluación del Gobierno de Javier Milei. A nivel país, la gestión registra un 51% de imagen positiva y un 46% de negativa, lo que deja un saldo de +6 puntos. Sin embargo, el panorama cambia de manera drástica entre los menores de 30 años.

En el caso de las mujeres jóvenes, el oficialismo mejora su desempeño respecto del promedio nacional y alcanza un saldo de +11 puntos, con 55% de aprobación y 44% de rechazo.

La diferencia más marcada aparece entre los varones de 16 a 29 años, donde la imagen del Gobierno llega a su mejor registro: 71% de valoración positiva y apenas 24% negativa, un salto que posiciona a este segmento como el núcleo de mayor respaldo político del oficialismo. Considerando ambos géneros dentro del grupo sub-30, la aprobación conjunta trepa al 63%.

La encuesta también sugiere que estas diferencias expresan dos procesos simultáneos: una fractura generacional vinculada a trayectorias socioeconómicas distintas, y una brecha de género que se profundiza entre los más jóvenes.

Otra medición reciente, realizada por Opinaia entre el 3 y el 7 de noviembre, acompaña estos resultados. El informe muestra un repunte general en la imagen del Gobierno, con 48% positiva y 50% negativa, el mejor equilibrio desde julio.

Además, creció la percepción económica: 61% de los encuestados considera que el esfuerzo actual “vale la pena”, ya sea por mejoras visibles (21%) o por expectativas a futuro (40%). Entre los jóvenes de 16 a 25 años, el entusiasmo es aún mayor: 77% cree que el programa económico traerá resultados favorables, contra 23% que lo rechaza.

Ambos estudios coinciden en una conclusión compartida: el sostén más firme del proyecto libertario proviene de la generación más joven, especialmente de los varones, que no sólo acompañan al Gobierno, sino que también mantienen expectativas positivas sobre el rumbo económico.