Las fuerzas federales frustraron un ataque contra infraestructura energética estratégica en la zona de los Bosques de Ezeiza, al sur del conurbano bonaerense. El hecho ocurrió el 31 de enero y es investigado por la Justicia Federal como un posible atentado terrorista, debido a la naturaleza del blanco, el tipo de armamento y la disposición del material explosivo hallado en el lugar.

Según fuentes de seguridad, un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina advirtió la presencia de dos individuos en una motocicleta cerca de un gasoducto troncal. Al notar al uniformado, los sospechosos abrieron fuego con armas calibre 9 mm y huyeron del lugar.

Para los investigadores, los disparos no solo buscaron asegurar la fuga, sino que habrían tenido como objetivo detonar material inflamable previamente colocado para provocar una explosión masiva. Tras el escape, un operativo de rastrillaje permitió constatar el alcance del ataque planificado: se hallaron dos granadas listas para detonar, botellas con combustible dispuestas sobre caños de alivio y vainas servidas 9 mm en sectores señalizados como “peligro: gas de alta presión”.

La selección del objetivo y la colocación estratégica de los explosivos resultan determinantes para encuadrar el episodio como terrorismo, al tratarse de un intento deliberado de causar daños masivos, generar pánico social y afectar el suministro energético del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por el impacto potencial y por haberse producido en un área protegida, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Vanesa Rocuso. La magistrada ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina (División Explosivos), Bomberos y Policía Científica para neutralizar riesgos y avanzar con las pericias.

En paralelo, se mantiene un operativo de búsqueda en el sur del conurbano para identificar y detener a los responsables, mientras se investigan motivaciones y posibles vínculos del atentado frustrado.

El Gobierno nacional oficializó el financiamiento para la compra de helicópteros navales livianos destinados a la Armada Argentina, en el marco de un plan de modernización de capacidades aeronavales. La medida quedó formalizada a través del Decreto 924/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La norma autoriza la celebración de un contrato de crédito con el Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) por un monto total de 71.676.175 euros, con respaldo de una Agencia de Crédito a la Exportación. Según se indicó, el esquema permite acceder a condiciones financieras más favorables que las disponibles en los mercados internacionales.

El decreto establece que los fondos deberán destinarse exclusivamente a la adquisición de las aeronaves, sin posibilidad de ampliación del monto ni reasignación presupuestaria. Tanto el Banco Central como la Oficina Nacional de Crédito Público avalaron la operación al considerar que tendrá un impacto acotado sobre la balanza de pagos y un costo financiero competitivo.

La incorporación de los nuevos helicópteros responde a una necesidad operativa histórica de la Aviación Naval. Actualmente, la Armada cuenta con helicópteros AS-555SN Fennec, incorporados en la década de 1990, de los cuales solo una unidad permanece operativa, lo que redujo de forma significativa la capacidad de vigilancia embarcada.

Las aeronaves seleccionadas son Leonardo AW109, helicópteros multipropósito de origen italiano diseñados para operar desde buques y patrulleros oceánicos. Están preparados para misiones de vigilancia marítima, búsqueda y rescate y control de espacios marítimos, y permitirán ampliar el radio de acción de los patrulleros oceánicos en servicio.

El contrato contempla la adquisición inicial de cuatro helicópteros, junto con un simulador de vuelo, capacitación para el personal, herramientas y repuestos. Si bien el proyecto original preveía hasta ocho unidades, esta primera etapa quedó acotada, con posibilidad de ampliación futura.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión forma parte de una estrategia de recomposición de capacidades militares, orientada a fortalecer el control de la Zona Económica Exclusiva y consolidar la presencia argentina en el Atlántico Sur, en línea con otras políticas recientes de reequipamiento en el área de defensa.

El Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha la Carrera de Investigador de Delitos para Profesionales, un nuevo régimen de incorporación a la Policía Federal Argentina (PFA) orientado a atraer perfiles técnicos y universitarios en disciplinas estratégicas. La medida quedó formalizada mediante la resolución 1291/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, forma parte del plan de reforma institucional establecido por el Decreto 383/2025, que busca modernizar y jerarquizar el funcionamiento de la fuerza. El objetivo es incorporar especialistas con formación en ingeniería, sistemas, criminalística, ciberseguridad, contabilidad y ciencias exactas, entre otras áreas clave para enfrentar el delito complejo.

Los aspirantes deberán contar con título universitario, nacionalidad argentina y menos de 40 años, además de aprobar evaluaciones técnicas y psicofísicas. Quienes ingresen cursarán una Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal y serán incorporados “en comisión” como Subinspectores, con un curso intensivo de nueve meses previo a su nombramiento definitivo.

La creación de esta carrera forma parte del nuevo esquema organizativo de la PFA, que prioriza la investigación y la tecnología aplicada a la seguridad federal. En paralelo, se estableció un Programa de Jerarquización para Subalternos, destinado a reconocer la formación y experiencia del personal en áreas como narcotráfico, inteligencia e investigaciones federales.

Según Bullrich, esta medida “marca un salto de calidad en la profesionalización de la fuerza”, y reafirma el compromiso del Gobierno con una seguridad moderna, técnica y basada en la evidencia.