El Gobierno nacional inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA), una dependencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) destinada a coordinar el intercambio de información en materia de seguridad. El organismo fue creado mediante el Decreto 717/2025 y forma parte de una reorganización del sistema de inteligencia.

El CNA tendrá como función principal integrar datos y acciones entre distintas áreas del Estado, incluyendo los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, además de organismos vinculados al control financiero, aduanero y migratorio.

El acto contó con la participación de autoridades nacionales y representantes de Estados Unidos, entre ellos miembros del FBI, en el marco de un acuerdo de cooperación firmado en Washington para fortalecer la capacitación y el intercambio de información.

Desde el Gobierno señalaron que la creación del centro apunta a mejorar la capacidad de prevención y detección frente a amenazas en un contexto internacional complejo, con desafíos crecientes en materia de seguridad.

El titular de la SIDE destacó la importancia de la cooperación internacional y remarcó que el terrorismo representa uno de los principales desafíos globales, lo que requiere respuestas coordinadas entre países.

Con la puesta en marcha del CNA, el Ejecutivo busca consolidar una estructura más eficiente para el análisis y la gestión de información estratégica, en línea con estándares internacionales en materia de inteligencia.

La Fuerza Aérea Argentina inició en Córdoba las pruebas de rodaje y vuelos de los aviones caza F-16 en el Área Material Río IV, ubicada en Las Higueras, marcando el comienzo del entrenamiento de pilotos en el país.

El programa de formación técnica se desarrolla con el acompañamiento de la empresa estadounidense Top Aces Corp., e incluye desde la capacitación básica hasta la formación de pilotos instructores, con el objetivo de acelerar la transición operativa.

Según informaron fuentes oficiales, estas actividades son clave para alcanzar estándares internacionales de seguridad y preparar al personal para la incorporación progresiva de nuevas unidades provenientes de Europa.

El proyecto contempla tres ejes principales: la capacitación de pilotos y técnicos, la adecuación de infraestructura para operar aeronaves de nivel OTAN y la actualización de la doctrina de defensa aérea.

Desde el Gobierno nacional destacaron que la incorporación de los F-16 apunta a recuperar capacidades operativas en el control del espacio aéreo, tras años de limitaciones en materia de equipamiento militar.

Las tareas de adiestramiento posicionan a Córdoba como un punto estratégico en esta etapa, en un proceso que continuará con nuevas instancias de formación hasta alcanzar la capacidad operativa plena.

El conflicto judicial por la expropiación de YPF en 2012 volvió a poner en foco las decisiones adoptadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, especialmente por el incumplimiento de normas previstas en el estatuto de la empresa.

La medida implicó la toma del 51% de la compañía, entonces en manos de Repsol, pero no se cumplió con la oferta pública de adquisición al resto de los accionistas, un requisito obligatorio que luego se convirtió en el eje central del litigio.

El impacto fue inmediato en el Grupo Petersen, que dependía del flujo de dividendos para sostener su participación. La interrupción de esos ingresos derivó en su default y pérdida de acciones, lo que abrió la puerta a reclamos judiciales posteriores.

Los derechos de litigio fueron adquiridos por fondos como Burford Capital, que llevaron el caso a tribunales de Estados Unidos. En 2023, la jueza Loretta Preska falló contra la Argentina y estableció una indemnización superior a los USD 16.000 millones, uno de los mayores riesgos financieros recientes para el país.

Un fallo posterior modificó parcialmente ese escenario y representó un alivio económico, aunque el proceso judicial aún no está completamente cerrado. Más allá del impacto financiero, el caso reabrió el debate sobre las consecuencias legales de decisiones políticas.

El desarrollo del conflicto mostró que el eje no estuvo en la potestad de expropiar, sino en el incumplimiento de obligaciones contractuales específicas, lo que derivó en un litigio internacional de gran magnitud.

El caso dejó expuesta la importancia del respeto a las normas y la previsibilidad jurídica en la toma de decisiones económicas, en un contexto donde los errores de gestión pueden traducirse en costos significativos para el Estado.