Desde la asunción del presidente Javier Milei, los precios de la indumentaria y el calzado registraron una caída del 30,6% en términos relativos frente al promedio de la economía, según un informe de la consultora Analytica. El relevamiento señaló que el rubro alcanzó su nivel más bajo desde 2016, en un contexto de apertura comercial y cambios regulatorios.

De acuerdo con el estudio, entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026, la inflación general acumuló 259,4%, mientras que la indumentaria y el calzado aumentaron 149,4%, lo que explicó el abaratamiento relativo del sector. La brecha implicó que la ropa dejara de ubicarse entre los bienes con mayores incrementos y se acercara a referencias internacionales.

El informe también midió el comportamiento en dólares oficiales. Según los datos difundidos, el precio de un jean de primera marca cayó 39%, y con el salario formal promedio se pueden adquirir 13 jeans, frente a los 9 que se compraban en 2023. El análisis vinculó esta mejora con una recomposición del poder de compra en el segmento registrado.

La reducción de precios coincidió con un aumento significativo de las importaciones. Analytica consignó que las compras externas de indumentaria crecieron 97,3% interanual, lo que representó USD 336 millones adicionales. En otros productos textiles el incremento fue de 121,2% (USD 94 millones más), mientras que en calzado y sus partes la suba alcanzó 25,2% (USD 166 millones adicionales).

En términos agregados, las importaciones de indumentaria totalizaron USD 681 millones en 2025, el valor más alto de la serie histórica a precios constantes. Las de calzado y sus partes llegaron a USD 825 millones, apenas por debajo del récord de 2017. El informe interpretó estos datos como un indicador de mayor competencia externa en el mercado local.

En declaraciones públicas, el ministro de Economía Luis Caputo cuestionó el esquema proteccionista vigente durante años y sostuvo que la apertura generó una corrección de precios en beneficio del consumidor. Según el funcionario, la reducción en el costo de la ropa permite reasignar recursos a otros sectores de la economía y dinamizar el consumo.

Tras su aprobación en el Congreso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa orientada a promover la formalización de ahorros y reducir la litigiosidad tributaria. La medida se complementó con la puesta en vigencia del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, diseñado para disminuir la burocracia y otorgar previsibilidad a los contribuyentes.

Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema buscó dejar atrás un enfoque punitivo y recomponer la confianza entre el Estado y los contribuyentes, en línea con la orientación económica del Gobierno. El diagnóstico oficial sostuvo que la informalidad se profundizó por el cepo, la inflación persistente y la presión impositiva, y que un cambio de reglas resultaba clave para ampliar la base tributaria sin subir impuestos.

El ministro de Economía Luis Caputo fundamentó la medida con datos del Banco Central de la República Argentina, al indicar que los argentinos mantenían USD 170.000 millones fuera del sistema, frente a USD 67.000 millones en depósitos privados. Para el Gobierno, canalizar una porción de esos fondos permitiría mejorar la estabilidad macroeconómica y acelerar la recuperación.

La reglamentación introdujo cambios centrales: el umbral de evasión simple se elevó a $100 millones, el de evasión agravada a $1.000 millones, el plazo de prescripción se redujo de 5 a 3 años y la evasión dejó de priorizar el enfoque penal, con énfasis en la regularización voluntaria. Quienes adhieran al régimen simplificado quedarán fuera de investigaciones penales desde 2029, si cumplen las condiciones.

Podrán adherir contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales. La verificación considerará el período de adhesión y los dos anteriores. Además, ARCA ofrecerá una declaración precargada con efecto liberatorio si se presenta y paga en término.

La normativa aclaró que las operaciones se considerarán válidas cuando los fondos ingresen al sistema financiero, mantuvo la posibilidad de operaciones inmobiliarias en efectivo según la legislación vigente y estableció beneficios para pymes, como la eliminación de intimaciones automáticas y una reducción del 50% de multas para regularizaciones dentro de 45 días. El régimen incorporó una presunción de veracidad y un nuevo período fiscal base, con el objetivo de reemplazar la lógica sancionatoria por un cumplimiento progresivo basado en la confianza.

El consumo de carne en la Argentina mostró una recuperación sostenida durante 2025, al alcanzar su nivel más alto desde 2020, según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En total, cada habitante consumió 116,4 kilogramos anuales, lo que representa un incremento de 4,3 kilos respecto de 2024.

De acuerdo con el relevamiento de la Dirección Nacional de Producción Ganadera, el aumento se explicó por un crecimiento en las tres principales categorías de carne, aunque con comportamientos dispares. La carne bovina registró una suba del 2,94 %, pasando de 48,49 a 49,92 kilos por persona, lo que confirma un escenario de estabilidad en el consumo de carne vacuna.

El mayor dinamismo se observó en la carne porcina, cuyo consumo per cápita creció 8,44 % interanual, al pasar de 17,42 a 18,89 kilos. Este segmento aportó 1,47 kilos adicionales por habitante, consolidándose como uno de los principales motores del aumento total.

En tanto, la carne aviar también mostró un desempeño positivo, con un crecimiento del 3,07 %, al ubicarse en 47,68 kilos por persona. Este comportamiento refuerza una tendencia de diversificación en la dieta y una mayor participación del pollo dentro del consumo total de proteínas animales.

Desde el área oficial destacaron que el resultado refleja una mayor variedad en los hábitos de consumo, además de un contexto productivo que permitió sostener la oferta interna y mejorar el acceso de la población a alimentos de valor nutricional, en un nivel récord para el período 2020–2025.