El dato surge del relevamiento de casi 90 resoluciones de la Secretaría de Medios bonaerense, que muestran la asignación de recursos mediante contratación directa y sin criterios objetivos establecidos por ley. La información pública detalla montos y destinatarios, pero no especifica la finalidad de cada campaña ni los contenidos financiados.

Entre los principales beneficiarios figura el Grupo Indalo, que recibió el 12,2% del total de la pauta, con C5N como principal receptor individual. También aparecen el Grupo Olmos (Crónica) con el 6,2%, el Grupo América con el 5,2%, el Grupo Clarín con el 5% y El Destape con el 4,9%.

Las resoluciones incluyen además pagos a productoras, empresas de vía pública, medios regionales y contenidos digitales, entre ellos El Eco Multimedios (Tandil), Owen Publicidad, La Brújula 24, SkyShock Media y creadores de contenidos para plataformas online y transmisiones deportivas.

Según fuentes del Ministerio de Comunicación bonaerense, la distribución responde a la naturaleza y alcance de las campañas institucionales. No obstante, la provincia no cuenta con una ley de pauta oficial, por lo que las asignaciones quedan bajo decisión administrativa de la Secretaría de Medios.

El gasto en publicidad se ejecutó en año electoral y en paralelo a otros programas de comunicación institucional. Con estos montos, la pauta oficial bonaerense se ubicó entre las más altas del país en términos absolutos, en un contexto de debate sobre transparencia y criterios de asignación de fondos públicos en la comunicación estatal.

La sesión de la Cámara de Diputados convocada para tratar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional comenzó en un clima de fuerte tensión política, con cruces entre el oficialismo y bloques opositores por la dinámica del debate. Legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda se acercaron al estrado presidencial para reclamar una votación nominal solicitada previamente, lo que derivó en interrupciones y desorden en el recinto.

El conflicto se desató cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, otorgó la palabra al diputado Carlos Zapata (La Libertad Avanza), decisión que fue cuestionada por la oposición. Varios diputados abandonaron sus bancas y se dirigieron hacia la mesa de autoridades para increpar a la presidencia, lo que afectó momentáneamente el normal desarrollo de la sesión.

En ese contexto, el oficialismo denunció un episodio protagonizado por la diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria), a quien acusó de acercarse a la mesa central donde trabajan los taquígrafos y manipular cables de conexión. Según legisladores libertarios, la acción habría buscado interrumpir el registro técnico de la sesión.

El momento fue filmado por la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), quien difundió el video en redes sociales y reclamó sanciones institucionales. Desde el oficialismo señalaron que el hecho agravó el clima de tensión durante el tratamiento de una de las reformas centrales del programa del Gobierno.

Pese a los incidentes, la sesión continuó y posteriormente la Cámara avanzó con el debate y la votación de la iniciativa de modernización laboral.

En una sesión atravesada por tensiones políticas y protestas en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, uno de los ejes centrales de su agenda económica. La votación en general registró 135 votos afirmativos y 115 negativos, luego de que el oficialismo aceptara eliminar el artículo vinculado al régimen de licencias médicas.

El respaldo parlamentario se consolidó tras negociaciones con bloques aliados, que reclamaban cambios en ese punto específico del proyecto. Con la modificación incorporada, el oficialismo logró sostener una mayoría que permitió avanzar con la aprobación general de la iniciativa, que propone reformas estructurales en el régimen laboral argentino.

A partir de ahora, la Cámara deberá tratar en particular los artículos restantes. Sin embargo, debido a los cambios introducidos durante el debate, el texto deberá regresar al Senado para su revisión final. El proyecto ya había obtenido media sanción en la Cámara alta, donde había sido aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra.

Con este resultado, el Gobierno nacional consiguió avanzar con una de sus principales reformas legislativas. La iniciativa forma parte del programa orientado a modificar reglas laborales, incentivar la contratación formal y reorganizar el sistema de relaciones de trabajo, en un escenario de fuerte disputa política y sindical.