La Libertad Avanza impulsó un reordenamiento en la estructura de autoridades del Senado de la Nación y desplazó al bloque de Unión por la Patria de los principales cargos institucionales de la Cámara alta. La decisión se adoptó en la sesión preparatoria, donde se definió un nuevo criterio de distribución de puestos entre los bloques parlamentarios.

El esquema aprobado estableció que la presidencia provisional continuará en manos del senador Bartolomé Abdala, mientras que la vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada y la vicepresidencia segunda por Alejandra Vigo. En tanto, la vicepresidencia del Senado, que tradicionalmente correspondía a la primera minoría, quedó en manos de la senadora Carolina Moisés, quien recientemente se apartó del bloque kirchnerista y conformó el espacio Convicción Federal.

La votación del nuevo reparto de autoridades obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR y el PRO. De esta manera, Unión por la Patria, que conserva 25 bancas y sigue siendo la primera minoría, quedó sin representación en la conducción formal del cuerpo.

Desde el bloque peronista cuestionaron la interpretación del reglamento y la decisión política adoptada por la mayoría parlamentaria. Sin embargo, el oficialismo consolidó los acuerdos necesarios para aprobar el nuevo esquema y avanzar con la reorganización institucional del Senado.

Con esta definición, la Cámara alta inició un nuevo período legislativo con cambios en su estructura de autoridades y una redistribución del poder interno entre los bloques parlamentarios.

El Gobierno nacional pidió formalmente a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que investigue un presunto caso de adoctrinamiento político en el ámbito escolar ocurrido durante un acto en la escuela St. John’s School de Pilar. La solicitud fue enviada por el Ministerio de Capital Humano, tras la difusión de un video que deberá ser verificado por la jurisdicción provincial.

Según la comunicación oficial, en la grabación una inspectora de la Región 11 habría realizado ante alumnos de nivel primario consideraciones ideológicas vinculadas con la política migratoria de Estados Unidos, lo que, de confirmarse, podría constituir adoctrinamiento partidario. La cartera nacional advirtió que este tipo de conductas afecta la integridad psicológica y el libre desarrollo del pensamiento de los estudiantes.

En el pedido de informes, el Gobierno recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho de enseñar y aprender en un marco de pluralismo y libertad de expresión. También citó normas como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y la Ley de Educación Nacional, que obligan a respetar la libertad de conciencia y proteger a los alumnos de cualquier forma de agresión psicológica o imposición ideológica.

El Ministerio solicitó a la Provincia que informe si se inició una investigación administrativa, qué medidas se adoptarán en caso de confirmarse los hechos y qué protocolos existen para prevenir el adoctrinamiento en las escuelas. Además, requirió datos sobre antecedentes o denuncias similares y las herramientas disponibles para garantizar el pluralismo en el sistema educativo bonaerense.

Desde el Ejecutivo nacional señalaron que la educación debe desarrollarse en un ámbito de neutralidad política y respeto por la diversidad de pensamiento, y remarcaron la necesidad de preservar el derecho de los estudiantes a formar sus propias opiniones sin interferencias partidarias.

El dato surge del relevamiento de casi 90 resoluciones de la Secretaría de Medios bonaerense, que muestran la asignación de recursos mediante contratación directa y sin criterios objetivos establecidos por ley. La información pública detalla montos y destinatarios, pero no especifica la finalidad de cada campaña ni los contenidos financiados.

Entre los principales beneficiarios figura el Grupo Indalo, que recibió el 12,2% del total de la pauta, con C5N como principal receptor individual. También aparecen el Grupo Olmos (Crónica) con el 6,2%, el Grupo América con el 5,2%, el Grupo Clarín con el 5% y El Destape con el 4,9%.

Las resoluciones incluyen además pagos a productoras, empresas de vía pública, medios regionales y contenidos digitales, entre ellos El Eco Multimedios (Tandil), Owen Publicidad, La Brújula 24, SkyShock Media y creadores de contenidos para plataformas online y transmisiones deportivas.

Según fuentes del Ministerio de Comunicación bonaerense, la distribución responde a la naturaleza y alcance de las campañas institucionales. No obstante, la provincia no cuenta con una ley de pauta oficial, por lo que las asignaciones quedan bajo decisión administrativa de la Secretaría de Medios.

El gasto en publicidad se ejecutó en año electoral y en paralelo a otros programas de comunicación institucional. Con estos montos, la pauta oficial bonaerense se ubicó entre las más altas del país en términos absolutos, en un contexto de debate sobre transparencia y criterios de asignación de fondos públicos en la comunicación estatal.