El Gobierno de Javier Milei adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por USD 340,2 millones a un consorcio encabezado por Rowing S.A. y Transclor. La propuesta superó los USD 285 millones ofrecidos por el Grupo Roggio y establece una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por una década. El grupo adjudicatario también incluye a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, una firma brasileña y un fondo de inversión neerlandés.

El acuerdo establece una inversión mínima de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años, mientras que las obligaciones de infraestructura para el período completo oscilan entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Los recursos estarán destinados a ampliar y modernizar redes de agua potable, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y cañerías. Las nuevas instalaciones permanecerán como propiedad del Estado al finalizar la concesión.

La empresa presta actualmente servicios a unos 14 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Según el cronograma previsto, el nuevo operador asumirá la gestión entre enero y febrero de 2027. Entre las metas establecidas, la cobertura de agua potable deberá alcanzar el 75,3% en 2031 y el 90% al finalizar el contrato, mientras que el servicio de saneamiento deberá llegar al 63,9% y al 75%, respectivamente.

El Gobierno justificó la privatización a partir de los recursos públicos destinados al funcionamiento de AySA y las dificultades operativas de la compañía. Según el Ministerio de Economía, entre 2006 y 2023 la empresa recibió más de USD 13.400 millones en transferencias del Tesoro. Además, el Ejecutivo informó que el agua no contabilizada alcanzaba el 42%, la morosidad había aumentado del 4% al 16% y los costos operativos registraron una suba del 80%.

Con esta adjudicación, el Ejecutivo avanza en su programa de privatizaciones y traslada la administración de AySA a un operador privado, bajo un contrato que fija obligaciones de inversión y expansión de los servicios. El cumplimiento de esas metas será central para evaluar los resultados del nuevo esquema de gestión.

Una encuesta de DC Consultores ubicó a una eventual alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO al frente de la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, con el 42,1% de las preferencias frente al 19,5% del peronismo. El kirchnerismo, presentado como una opción separada, obtuvo el 10,3%, mientras que los indecisos alcanzaron el 13,9%. La diferencia entre las dos primeras opciones fue de 22,6 puntos porcentuales.

El estudio se realizó entre el 27 y el 30 de septiembre de 2026 sobre 1.410 bonaerenses habilitados para votar, mediante un muestreo no probabilístico. La consultora informó un margen de error de ±2,5 puntos porcentuales, aunque esa metodología limita la posibilidad de generalizar los resultados al conjunto del electorado.

En otra pregunta, referida a qué fuerza creen los encuestados que gobernará la Provincia en 2027, La Libertad Avanza obtuvo el 34,2% y el peronismo referenciado en Axel Kicillof alcanzó el 26,9%. Más atrás se ubicaron el kirchnerismo, con el 11,6%, y el PRO, con el 11,5%. Esta medición refleja expectativas electorales y no intención directa de voto.

El relevamiento también mostró que el 61,8% de los participantes eligió una opción que proponía cambiar por completo la conducción y el rumbo provincial, frente a alternativas de continuidad parcial o total. La pregunta utilizó una metáfora que comparaba al Gobierno bonaerense con un automóvil conducido por Kicillof.

Por último, la inseguridad encabezó las preocupaciones con el 42,4% de las respuestas, seguida por la corrupción y la educación, ambas con el 7,6%. Además, los encuestados calificaron con un promedio de 2,2 puntos sobre 10 la gestión provincial en materia de seguridad. Los resultados constituyen una fotografía de las opiniones relevadas y no una predicción sobre las elecciones de 2027.

El Gobierno de Javier Milei alcanzó un total de 17.606 artículos normativos modificados o eliminados desde el inicio de su programa de desregulación, según el último informe de la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El relevamiento correspondiente a septiembre de 2026 indica que se contabilizaron 807 normas de desregulación y otras 2.891 normas modificadas o eliminadas desde la puesta en marcha del programa. Durante el último mes se incorporaron 37 nuevas disposiciones desregulatorias, se modificaron o eliminaron 50 normas y se realizaron cambios sobre 491 artículos.

El ministro Federico Sturzenegger difundió los resultados a través de sus redes sociales y destacó la continuidad de las reformas. “Seguimos desregulando. Siempre. VLLC!”, expresó al compartir las principales cifras del informe.

Los datos oficiales muestran un incremento sostenido en la cantidad de artículos alcanzados por las modificaciones. En julio se contabilizaban 16.848 artículos, en agosto la cifra ascendió a 17.115 y en septiembre llegó a 17.606, lo que representa 758 artículos adicionales en dos meses.

Por sectores, Agroindustria encabezó el listado con 129 normas desregulatorias, seguida por Finanzas y Mercado de Capitales, con 127, y Comercio Exterior, con 120. También se registraron intervenciones en Transporte (106), Producción Nacional (104), Bienestar Ciudadano (68), Salud (43) y Energía (34).

Entre las medidas implementadas durante septiembre, el Gobierno eliminó la autorización previa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para determinadas reuniones de consejo de las calificadoras de riesgo. Además, reemplazó la presentación obligatoria de informes periódicos por un esquema de monitoreo continuo.

En materia aduanera, se habilitó la destrucción de documentación una vez prescripta la acción del Fisco, sin necesidad de solicitar una autorización previa a ARCA. La modificación forma parte de las medidas destinadas a reducir procedimientos administrativos vinculados con el comercio exterior.

El informe también incluyó cambios en trámites sociales y societarios. La Secretaría de Trabajo dispuso reemplazar la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por un sistema de verificación automática de los requisitos de salud y educación mediante el intercambio de información entre organismos públicos.

Por su parte, la Inspección General de Justicia (IGJ) eliminó el dictamen de precalificación para la constitución de sociedades, junto con determinadas exigencias relacionadas con el objeto social y el capital de las empresas.

Otras modificaciones alcanzaron la digitalización de beneficios para importaciones vinculadas con la actividad minera, la simplificación de trámites de matriculación y certificación de buques y la eliminación de tratamientos cuarentenarios obligatorios para determinados movimientos de uva fresca.

Las cifras difundidas por el Ministerio reflejan el alcance administrativo del programa de desregulación. Sin embargo, la cantidad de normas y artículos modificados no permite determinar por sí sola su impacto económico, que requiere evaluar los resultados específicos de cada medida sobre los sectores involucrados.