Organizaciones de izquierda, agrupaciones sociales y sectores del kirchnerismo se movilizaron el sábado 19 de septiembre contra el Gobierno de Javier Milei en la denominada “Marcha de la Bronca”. La convocatoria comenzó alrededor de las 15.30 en las inmediaciones del Congreso y avanzó por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, donde se realizó el acto de cierre.

La protesta se desarrolló bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei” y reunió a distintos espacios opositores que expresaron su rechazo a las políticas del Ejecutivo nacional. Entre los referentes que impulsaron la convocatoria estuvieron Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Gabriel Solano.

Durante la movilización, los participantes cuestionaron el ajuste del gasto público, los despidos en el Estado y las consecuencias sociales y económicas que atribuyen al programa del Gobierno. También participaron organizaciones sindicales y agrupaciones políticas vinculadas con el kirchnerismo, aunque la convocatoria no representó a la totalidad de los sectores opositores.

La marcha contó además con la presencia de agrupaciones de migrantes de distintas nacionalidades, que expresaron reclamos relacionados con su situación en la Argentina y con las políticas de sus países de origen. Uno de los manifestantes señaló: “Somos migrantes de distintas nacionalidades apoyando a esta marcha de la bronca, porque nosotros también sufrimos en nuestro país”.

El mismo participante cuestionó la política migratoria del Gobierno argentino y reclamó la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Esas expresiones formaron parte de los planteos realizados por asistentes a la movilización y no constituyeron una consigna general de la convocatoria.

La jornada concluyó con un acto en Plaza de Mayo y la posterior desconcentración de los manifestantes. Durante la actividad no se anunciaron cambios en las políticas nacionales cuestionadas por los organizadores. La convocatoria funcionó como una expresión pública de rechazo al Gobierno, mientras los espacios participantes mantienen sus diferencias con el rumbo económico y político del Ejecutivo.

El diputado nacional Máximo Kirchner afrontará desde el 23 de octubre su primer juicio oral, cuando comience el debate por la causa Los Sauces. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 y tendrá también entre los acusados a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros imputados.

La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas con Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria constituida en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. La acusación será analizada durante el juicio y no implica una condena contra los imputados.

La hipótesis de la acusación se concentra en los alquileres de propiedades de la familia Kirchner a empresas vinculadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo. Los investigadores sostienen que entre 2009 y 2016 esas compañías realizaron pagos por más de $25,9 millones y buscarán determinar durante el debate si esas operaciones fueron utilizadas para canalizar fondos provenientes de presuntos delitos precedentes.

El juicio se realizará de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py. El tribunal habilitó un cronograma intensivo de audiencias e incluso contempló jornadas durante los sábados 24 y 31 de octubre y parte de la feria judicial de enero para avanzar con la producción de prueba.

La Justicia resolvió además separar Los Sauces de la causa Hotesur, pese a que ambos expedientes habían llegado unificados a la instancia de juicio oral. El TOF N°5 consideró que investigan hechos y circuitos de fondos diferentes y que mantener un único debate podía extender el proceso durante más de dos años.

El segundo juicio comenzará el 19 de marzo de 2027. En Hotesur se investigarán presuntas maniobras relacionadas con pagos efectuados por empresas vinculadas a Báez mediante contrataciones en establecimientos hoteleros de la familia Kirchner. Máximo Kirchner también figura entre los acusados de ese expediente.

De esta manera, Los Sauces abrirá el calendario de los dos nuevos debates judiciales que involucran a Máximo y Cristina Kirchner. A partir del 23 de octubre, el tribunal deberá evaluar la prueba y los argumentos de las acusaciones y las defensas para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados.

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei que introduce cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y en los criterios utilizados por ARCA para fiscalizar a los contribuyentes. La votación terminó con 44 votos afirmativos y 23 negativos, sin abstenciones.

La iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y diferentes bloques provinciales, mientras que el principal rechazo provino del peronismo. Durante el debate, los sectores opositores cuestionaron el alcance de los controles y plantearon reparos sobre el impacto fiscal de la reforma y la posibilidad de que funcione como un mecanismo de exteriorización de fondos.

Uno de los principales cambios consiste en ampliar el universo de personas que pueden acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. La legislación anterior excluía a quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. La nueva norma elimina esos límites para facilitar el ingreso de más contribuyentes al sistema.

La ley también modifica el concepto de “discrepancia significativa” utilizado en las fiscalizaciones. Entre otros cambios, establece nuevos parámetros para determinar cuándo las diferencias entre las declaraciones del contribuyente y la información disponible para ARCA pueden derivar en controles adicionales.

Otro punto central es el denominado “tapón fiscal”, que limita bajo determinadas condiciones la posibilidad de revisar períodos anteriores de quienes ingresen al régimen. La reforma establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y ese mecanismo.

El Gobierno sostiene que la reforma busca dar mayor previsibilidad a los contribuyentes e incentivar el ingreso al circuito formal de ahorros actualmente fuera del sistema financiero. Según estimaciones oficiales difundidas durante el tratamiento legislativo, el Ejecutivo calcula que existen alrededor de USD 170.000 millones fuera del sistema.

La oposición, en cambio, planteó objeciones durante el debate. José Mayans vinculó la iniciativa con el programa económico del Ejecutivo, mientras que Jorge Capitanich cuestionó la ausencia de funcionarios de Economía y ARCA durante el tratamiento en comisión. También se propusieron restricciones adicionales para personas políticamente expuestas y sus familiares, pero esas modificaciones no fueron incorporadas al texto finalmente sancionado.

Con la votación del Senado, Inocencia Fiscal II completó su trámite parlamentario y quedó convertida en ley, apenas ocho meses después de la aprobación de la primera versión del régimen.