El Gobierno de Javier Milei adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por USD 340,2 millones a un consorcio encabezado por Rowing S.A. y Transclor. La propuesta superó los USD 285 millones ofrecidos por el Grupo Roggio y establece una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por una década. El grupo adjudicatario también incluye a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, una firma brasileña y un fondo de inversión neerlandés.

El acuerdo establece una inversión mínima de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años, mientras que las obligaciones de infraestructura para el período completo oscilan entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Los recursos estarán destinados a ampliar y modernizar redes de agua potable, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y cañerías. Las nuevas instalaciones permanecerán como propiedad del Estado al finalizar la concesión.

La empresa presta actualmente servicios a unos 14 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Según el cronograma previsto, el nuevo operador asumirá la gestión entre enero y febrero de 2027. Entre las metas establecidas, la cobertura de agua potable deberá alcanzar el 75,3% en 2031 y el 90% al finalizar el contrato, mientras que el servicio de saneamiento deberá llegar al 63,9% y al 75%, respectivamente.

El Gobierno justificó la privatización a partir de los recursos públicos destinados al funcionamiento de AySA y las dificultades operativas de la compañía. Según el Ministerio de Economía, entre 2006 y 2023 la empresa recibió más de USD 13.400 millones en transferencias del Tesoro. Además, el Ejecutivo informó que el agua no contabilizada alcanzaba el 42%, la morosidad había aumentado del 4% al 16% y los costos operativos registraron una suba del 80%.

Con esta adjudicación, el Ejecutivo avanza en su programa de privatizaciones y traslada la administración de AySA a un operador privado, bajo un contrato que fija obligaciones de inversión y expansión de los servicios. El cumplimiento de esas metas será central para evaluar los resultados del nuevo esquema de gestión.

El Gobierno de Javier Milei alcanzó un total de 17.606 artículos normativos modificados o eliminados desde el inicio de su programa de desregulación, según el último informe de la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El relevamiento correspondiente a septiembre de 2026 indica que se contabilizaron 807 normas de desregulación y otras 2.891 normas modificadas o eliminadas desde la puesta en marcha del programa. Durante el último mes se incorporaron 37 nuevas disposiciones desregulatorias, se modificaron o eliminaron 50 normas y se realizaron cambios sobre 491 artículos.

El ministro Federico Sturzenegger difundió los resultados a través de sus redes sociales y destacó la continuidad de las reformas. “Seguimos desregulando. Siempre. VLLC!”, expresó al compartir las principales cifras del informe.

Los datos oficiales muestran un incremento sostenido en la cantidad de artículos alcanzados por las modificaciones. En julio se contabilizaban 16.848 artículos, en agosto la cifra ascendió a 17.115 y en septiembre llegó a 17.606, lo que representa 758 artículos adicionales en dos meses.

Por sectores, Agroindustria encabezó el listado con 129 normas desregulatorias, seguida por Finanzas y Mercado de Capitales, con 127, y Comercio Exterior, con 120. También se registraron intervenciones en Transporte (106), Producción Nacional (104), Bienestar Ciudadano (68), Salud (43) y Energía (34).

Entre las medidas implementadas durante septiembre, el Gobierno eliminó la autorización previa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para determinadas reuniones de consejo de las calificadoras de riesgo. Además, reemplazó la presentación obligatoria de informes periódicos por un esquema de monitoreo continuo.

En materia aduanera, se habilitó la destrucción de documentación una vez prescripta la acción del Fisco, sin necesidad de solicitar una autorización previa a ARCA. La modificación forma parte de las medidas destinadas a reducir procedimientos administrativos vinculados con el comercio exterior.

El informe también incluyó cambios en trámites sociales y societarios. La Secretaría de Trabajo dispuso reemplazar la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por un sistema de verificación automática de los requisitos de salud y educación mediante el intercambio de información entre organismos públicos.

Por su parte, la Inspección General de Justicia (IGJ) eliminó el dictamen de precalificación para la constitución de sociedades, junto con determinadas exigencias relacionadas con el objeto social y el capital de las empresas.

Otras modificaciones alcanzaron la digitalización de beneficios para importaciones vinculadas con la actividad minera, la simplificación de trámites de matriculación y certificación de buques y la eliminación de tratamientos cuarentenarios obligatorios para determinados movimientos de uva fresca.

Las cifras difundidas por el Ministerio reflejan el alcance administrativo del programa de desregulación. Sin embargo, la cantidad de normas y artículos modificados no permite determinar por sí sola su impacto económico, que requiere evaluar los resultados específicos de cada medida sobre los sectores involucrados.

La Policía Federal Argentina desalojó este miércoles 7 de octubre a un grupo de manifestantes que había ingresado al Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el procedimiento, el Ministerio de Capital Humano anunció que presentará una denuncia judicial por la ocupación del edificio y los presuntos daños ocasionados.

La protesta se desarrolló bajo la consigna “Queremos estudiar” y, según la información difundida por el Gobierno, contó con la participación de militantes vinculados a sectores del kirchnerismo. La publicación original también relacionó la movilización con los espacios políticos de Juan Grabois e Itai Hagman, aunque no precisó qué intervención tuvieron ambos dirigentes en los hechos.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello calificaron el ingreso como una toma violenta y aseguraron que se produjeron daños en el patrimonio público. El Ministerio anticipó que llevará lo ocurrido ante la Justicia para que se investiguen los hechos y se establezcan las eventuales responsabilidades.

El desalojo se concretó mediante un operativo coordinado entre el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina. Según la versión oficial, los efectivos retiraron a los manifestantes y permitieron recuperar las instalaciones.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, respaldó la intervención y defendió la actuación policial. “En Argentina se puede reclamar pacíficamente. Lo que no se puede es violentar un edificio público”, sostuvo después del procedimiento.

Monteoliva también afirmó que el Gobierno mantendrá su política frente a las ocupaciones de dependencias estatales. “Vinimos a terminar con el desorden en las calles, por eso la Policía Federal actuó, restableció el orden y liberó el edificio”, expresó.

Por su parte, Pettovello cuestionó la utilización de edificios públicos como escenario de protestas y sostuvo que los reclamos deben canalizarse sin daños ni intimidaciones. “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”, señaló.

El Ministerio de Capital Humano informó que avanzará con una presentación judicial para investigar la ocupación del Palacio Sarmiento y evaluar los daños denunciados. Hasta el momento, la información difundida no precisó la cantidad de participantes, si hubo personas detenidas ni el alcance material de los presuntos destrozos.