El Gobierno nacional avanzó con un nuevo reordenamiento administrativo tras la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual el presidente Javier Milei actualiza la Ley de Ministerios y redefine competencias internas. El texto, elaborado por Legal y Técnica, será publicado en el Boletín Oficial y forma parte del proceso de ajuste institucional encarado este año.

La medida se terminó de delinear luego de reuniones entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes acordaron modificaciones para evitar superposiciones y agilizar la coordinación entre áreas. Entre los cambios figuran la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que quedará fragmentada entre Interior y una nueva subsecretaría articulada con las provincias.

El decreto también establece que el RENAPER regresará al Ministerio del Interior, dejando atrás su breve paso por Seguridad. En paralelo, los Centros de Frontera volverán a quedar bajo su órbita, mientras Migraciones continuará dependiendo de Seguridad.

Dentro del organigrama general, la Jefatura de Gabinete incorporará un área dedicada al vínculo con el Congreso, además de absorber la Secretaría de Comunicación y Medios, que incluye a los medios públicos y la vocería presidencial.

Desde el oficialismo señalaron que el reordenamiento es parte de un esquema más amplio que continuará en diciembre, cuando asuman nuevos legisladores y se ajusten otras estructuras sujetas a cambios administrativos.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye ajustes impositivos y una ampliación significativa del gasto destinado a programas etiquetados con perspectiva de género. La propuesta generó debate entre sectores productivos y referentes locales por el impacto fiscal y la distribución de partidas.

Según el documento oficial, el Municipio asignará $12.688 millones a iniciativas vinculadas a género durante el próximo año, cifra que representa un incremento histórico para este rubro. La presentación no detalla aún la totalidad de las acciones que se financiarán ni los mecanismos de evaluación previstos.

En el apartado fiscal, el proyecto incorpora una nueva tasa solidaria orientada principalmente al Polo Petroquímico, además de incrementos en tributos municipales que alcanzarán a comercios, industrias y contribuyentes residenciales. Desde el Ejecutivo argumentan que estas medidas buscan reforzar la recaudación para sostener servicios y obras prioritarias.

El presupuesto también contempla un aumento superior al 55% en el gasto destinado al servicio de recolección de residuos, administrado por una sociedad de participación estatal. Este ítem, junto con otros incrementos de partidas, mantiene abierto el debate sobre la eficiencia del gasto municipal y las prioridades del plan 2026.

El proyecto comenzará a ser tratado en comisión durante las próximas semanas, en un contexto marcado por discusiones sobre la presión fiscal y la necesidad de equilibrar recursos con servicios cada vez más demandados por la comunidad.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso el decomiso de 20 inmuebles vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la ejecución de la condena firme del Caso Vialidad, confirmada por la Corte Suprema en junio. La medida alcanza a la exmandataria, a Lázaro Báez, a exfuncionarios nacionales y a otros condenados, quienes deberán devolver al Estado $685.000 millones.

La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, establece la ejecución solidaria de los $684.990.350.139,86 fijados en el fallo y detalla los activos sobre los que se avanzará. El Tribunal remarcó que el decomiso busca impedir que los delitos de corrupción generen beneficios económicos para sus autores o para quienes recibieron bienes derivados de las maniobras sin contraprestación.

En el caso de Cristina Kirchner, la orden incluye un inmueble propio y otras 19 propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner, consideradas parte del circuito patrimonial surgido del esquema que tuvo como principal contratista a Lázaro Báez, quien perderá más de 80 bienes entre propiedades y activos societarios. Para los magistrados, el crecimiento “exponencial” del patrimonio de Báez entre 2002 y 2014 fue posible gracias a sobreprecios, pagos anticipados, cartelización y un sistema de adjudicación direccionado.

El Tribunal señaló que las operaciones entre los Kirchner y las empresas de Báez fueron la expresión económica del delito y que la normativa internacional de recuperación de activos permite alcanzar a terceros que recibieron bienes provenientes de fondos ilícitos en forma gratuita.

La ejecución quedó habilitada luego de que fracasaran tres intentos de Cristina Kirchner por frenar el proceso. Vencido el plazo de diez días hábiles para el pago voluntario, ninguno de los condenados respondió. Con la condena firme, la inhabilitación perpetua y el decomiso en marcha, el expediente entra en su etapa final.