La escalada se intensificó en las últimas horas tras versiones de que Estados Unidos evalúa un ataque contra Irán, en un contexto de protestas mortales que atravesaron su día 17. Fuentes citadas por medios internacionales indicaron que el presidente Donald Trump analizó alternativas con su equipo y pidió acciones rápidas y limitadas, evitando una guerra prolongada, mientras Teherán advirtió una respuesta “decisiva” si es atacado.

En paralelo, se registraron alertas y restricciones en la región. La Embajada de EE. UU. en Kuwait recomendó limitar desplazamientos y suspendió traslados a bases como Camp Arifjan y Ali Al Salem Air Base; en Israel, la embajada estadounidense emitió una nueva alerta de seguridad. Además, Irán cerró temporalmente su espacio aéreo —con excepciones para vuelos civiles autorizados— y notificó que la restricción regirá hasta el 15 de enero.

La situación operativa sumó movimientos aéreos y reportes no confirmados: se detectaron aviones de combate de origen desconocido sobre el sur de Irak, se informó actividad aérea en el norte de Israel y Irán habría puesto en alerta a su fuerza aérea, con despliegues de MiG-29 para reconocimiento. También circularon versiones de explosiones en Teherán, sin confirmación oficial.

A nivel internacional, Alemania advirtió a sus aerolíneas que eviten el espacio aéreo iraní, mientras el Reino Unido desaconsejó viajes no esenciales a Israel. En este marco, analistas señalaron el traslado de aviones cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense hacia Oriente Medio como señal de refuerzo preventivo, mientras Washington mantuvo abierta la posibilidad de medidas adicionales si la situación se agrava.

El Gobierno nacional oficializó una modificación en el régimen de contrataciones públicas que endurece las condiciones de acceso a licitaciones de obras, bienes y servicios. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, amplió las causales de inelegibilidad para impedir la participación de empresas vinculadas a corrupción y a prácticas fraudulentas.

El nuevo marco establece que quedarán excluidas las firmas relacionadas con conductas corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas, entre otras. Además, obliga a los organismos estatales a verificar a los oferentes contra listados de inhabilitaciones elaborados por organismos internacionales, en particular el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, incorporando un control adicional alineado con estándares globales.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la contratación pública debe desarrollarse bajo principios de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, y remarcó que la corrupción deteriora la confianza institucional, afecta la calidad de los servicios y distorsiona el uso de los recursos públicos. El decreto también reforzó el rol del Estado en prevenir y sancionar prácticas ilícitas, habilitando exclusiones administrativas como herramienta disuasoria.

Uno de los cambios centrales fue la eliminación de una restricción previa que acotaba la inelegibilidad a las prácticas definidas por la Convención de la OCDE sobre cohecho transnacional. Con el decreto 5/2026, ese límite se suprimió, ampliando el alcance de las causales de exclusión.

La decisión se inscribe en un contexto de reordenamiento del sistema de compras públicas. En paralelo, el Gobierno recordó la actualización del registro de contratistas, que ahora exige inscripción en el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una plataforma unificada para inscripción y calificación. Según el Ejecutivo, el conjunto de medidas busca cerrar brechas que facilitaron irregularidades y fortalecer los controles en la adjudicación de contratos estatales.

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, pondrá en marcha en 2026 un programa de reconversión de planes sociales en capacitación laboral, con el objetivo de mejorar la inserción en el mercado de trabajo de los beneficiarios. La iniciativa será implementada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

El esquema apunta a transformar el programa Volver al Trabajo, que alcanza a más de 900.000 personas, en un sistema de vouchers educativos para la formación en oficios. En lugar del ingreso mensual de $78.000, los beneficiarios accederán a trayectos formativos orientados al empleo, sin perder el cobro del haber durante la capacitación.

La primera experiencia piloto, que comenzará el 6 de enero, incluirá a 20 beneficiarios seleccionados por la cartera de Capital Humano. El plan contempla dos módulos de ocho clases, con una duración total de dos meses, y otorgará un título profesional de pintura de obra, siempre que se cumpla con un mínimo del 70% de asistencia.

Los cursos combinarán contenidos teóricos y prácticos, e incluirán la provisión de materiales de estudio y trabajo. En esta etapa inicial, la empresa Sinteplast se hará cargo de los costos de la formación, en el marco de una articulación con el sector privado que el Gobierno busca ampliar.

La capacitación se dictará en el Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el Predio Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal, actualmente en proceso de puesta en valor. Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que el programa forma parte de un rediseño integral del esquema de asistencia social, orientado a simplificar beneficios, fortalecer controles y promover el empleo formal en todo el país.