El Gobierno nacional oficializó el financiamiento para la compra de helicópteros navales livianos destinados a la Armada Argentina, en el marco de un plan de modernización de capacidades aeronavales. La medida quedó formalizada a través del Decreto 924/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La norma autoriza la celebración de un contrato de crédito con el Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) por un monto total de 71.676.175 euros, con respaldo de una Agencia de Crédito a la Exportación. Según se indicó, el esquema permite acceder a condiciones financieras más favorables que las disponibles en los mercados internacionales.

El decreto establece que los fondos deberán destinarse exclusivamente a la adquisición de las aeronaves, sin posibilidad de ampliación del monto ni reasignación presupuestaria. Tanto el Banco Central como la Oficina Nacional de Crédito Público avalaron la operación al considerar que tendrá un impacto acotado sobre la balanza de pagos y un costo financiero competitivo.

La incorporación de los nuevos helicópteros responde a una necesidad operativa histórica de la Aviación Naval. Actualmente, la Armada cuenta con helicópteros AS-555SN Fennec, incorporados en la década de 1990, de los cuales solo una unidad permanece operativa, lo que redujo de forma significativa la capacidad de vigilancia embarcada.

Las aeronaves seleccionadas son Leonardo AW109, helicópteros multipropósito de origen italiano diseñados para operar desde buques y patrulleros oceánicos. Están preparados para misiones de vigilancia marítima, búsqueda y rescate y control de espacios marítimos, y permitirán ampliar el radio de acción de los patrulleros oceánicos en servicio.

El contrato contempla la adquisición inicial de cuatro helicópteros, junto con un simulador de vuelo, capacitación para el personal, herramientas y repuestos. Si bien el proyecto original preveía hasta ocho unidades, esta primera etapa quedó acotada, con posibilidad de ampliación futura.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión forma parte de una estrategia de recomposición de capacidades militares, orientada a fortalecer el control de la Zona Económica Exclusiva y consolidar la presencia argentina en el Atlántico Sur, en línea con otras políticas recientes de reequipamiento en el área de defensa.

El Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha la Carrera de Investigador de Delitos para Profesionales, un nuevo régimen de incorporación a la Policía Federal Argentina (PFA) orientado a atraer perfiles técnicos y universitarios en disciplinas estratégicas. La medida quedó formalizada mediante la resolución 1291/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, forma parte del plan de reforma institucional establecido por el Decreto 383/2025, que busca modernizar y jerarquizar el funcionamiento de la fuerza. El objetivo es incorporar especialistas con formación en ingeniería, sistemas, criminalística, ciberseguridad, contabilidad y ciencias exactas, entre otras áreas clave para enfrentar el delito complejo.

Los aspirantes deberán contar con título universitario, nacionalidad argentina y menos de 40 años, además de aprobar evaluaciones técnicas y psicofísicas. Quienes ingresen cursarán una Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal y serán incorporados “en comisión” como Subinspectores, con un curso intensivo de nueve meses previo a su nombramiento definitivo.

La creación de esta carrera forma parte del nuevo esquema organizativo de la PFA, que prioriza la investigación y la tecnología aplicada a la seguridad federal. En paralelo, se estableció un Programa de Jerarquización para Subalternos, destinado a reconocer la formación y experiencia del personal en áreas como narcotráfico, inteligencia e investigaciones federales.

Según Bullrich, esta medida “marca un salto de calidad en la profesionalización de la fuerza”, y reafirma el compromiso del Gobierno con una seguridad moderna, técnica y basada en la evidencia.

El Gobierno nacional implementó una reforma que habilita a los legítimos usuarios de armas y entidades de tiro a adquirir y poseer fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, siempre que cumplan con una serie de requisitos técnicos y de seguridad. La medida, publicada en el Boletín Oficial, sustituye la prohibición previa por un régimen de control más moderno y transparente.

La decisión fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y coloca al Registro Nacional de Armas (RENAR) como autoridad responsable de aplicar la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429. El nuevo esquema busca equilibrar el derecho individual al uso responsable de armas con la seguridad pública, incorporando criterios técnicos y verificaciones rigurosas.

Los usuarios autorizados podrán registrar fusiles, carabinas o subametralladoras semiautomáticas derivadas de modelos militares, siempre que acrediten su identificación completa —marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie— y dispongan de un Sector de Guarda tipo G2, destinado al almacenamiento seguro del material.

Entre los requisitos exigidos, los solicitantes deberán acreditar actividad deportiva comprobable, ya sea mediante certificaciones de clubes de tiro habilitados o participación en competencias oficiales. También se requiere antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario, ausencia de sanciones o causas pendientes ante el RENAR y una declaración jurada justificando la solicitud, acompañada de fotografías del arma y documentación respaldatoria.

La resolución deroga las disposiciones 81/02, 54/04, 155/04 y 239/09, unificando la normativa anterior bajo un solo marco regulatorio. Según fuentes oficiales, la reforma busca “profesionalizar el control, garantizar trazabilidad total y transparentar el proceso de habilitación”, dejando atrás un sistema que, hasta ahora, requería autorizaciones del Ministerio de Defensa difíciles de obtener.

Con esta medida, el Ejecutivo avanza hacia un modelo de regulación técnica y verificable, enfocado en los tiradores deportivos y en la consolidación de un sistema de control más eficiente y alineado con estándares internacionales.