El Gobierno nacional trabaja en la implementación de un esquema de “golden visa”, un modelo migratorio orientado a captar inversores internacionales mediante condiciones más ágiles. La propuesta apunta a posicionar a la Argentina en la competencia global por capitales, ofreciendo beneficios a quienes realicen inversiones significativas en el país.

El programa contempla la posibilidad de acceder a residencia y eventualmente a la ciudadanía, en función del nivel de inversión. Según se indicó, la medida busca acelerar el ingreso de divisas y promover el desarrollo de áreas clave de la economía.

El tema tomó impulso tras un intercambio público entre el diputado Juan Ignacio Fernández y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que el proyecto está en análisis desde hace más de un año. En ese marco, el funcionario sostuvo que existe interés internacional en invertir en Argentina.

Uno de los puntos centrales es la eliminación de trabas administrativas que hoy dificultan la llegada de capitales, como las limitaciones para operar sin documentación local o abrir cuentas bancarias, aspectos señalados como obstáculos para inversores extranjeros.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a simplificar procesos, atraer inversión privada y generar actividad económica, en línea con el enfoque oficial de apertura y desregulación.

De concretarse, la iniciativa podría modificar el esquema migratorio vigente, priorizando perfiles que aporten capital desde el inicio y contribuyan al crecimiento económico y la generación de empleo.

La Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares, en una votación que marcó un fuerte debate político. El proyecto actualiza la normativa vigente desde 2010 y establece criterios más específicos para determinar qué zonas deben ser protegidas, limitando la categoría a aquellas áreas con función hídrica comprobada.

Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento del rol de las provincias, que pasarán a tener mayor injerencia en la definición de los territorios protegidos, en base a estudios técnico-científicos. La norma reconoce a los distritos como titulares de los recursos naturales y les otorga capacidad para definir usos productivos en determinadas zonas.

En ese marco, la ley habilita actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera en áreas periglaciares que no cumplan funciones ambientales críticas. Sin embargo, mantiene restricciones en zonas sensibles, donde continúan prohibidas actividades que puedan afectar los recursos hídricos.

Además, se establece la obligatoriedad de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental para cada proyecto y se dispone la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares, que deberá revisarse cada cinco años con información aportada por las provincias.

Desde el oficialismo señalaron que la reforma apunta a destrabar inversiones estratégicas, especialmente en sectores como el litio y el cobre, mientras que sectores opositores y organizaciones ambientalistas cuestionaron los alcances de la modificación.

Con la aprobación en Diputados, la iniciativa se posiciona como un cambio relevante en el esquema regulatorio, con impacto tanto en la protección ambiental como en el desarrollo productivo del país.

Durante su exposición en el Atlantic Council, el titular de Economía afirmó que el programa oficial no tendrá retrocesos y sostuvo que el “cambio es inexorable”. En ese marco, cuestionó a sectores políticos y mediáticos que critican la gestión y aseguró que el Gobierno mantiene el objetivo de impulsar una transformación estructural de la economía.

En relación a las reformas, Caputo explicó que el Ejecutivo avanza con la reglamentación de la reforma laboral, pese a las trabas judiciales que frenaron parte de su implementación. Según indicó, la meta es aumentar la formalización del empleo, lo que permitiría mejorar la recaudación y sostener la baja de impuestos.

El ministro también destacó iniciativas como la ley de Inocencia Fiscal y el impulso al mercado de capitales, junto con medidas para incentivar el uso de dólares no declarados en el sistema financiero. Sin embargo, reconoció que algunas de estas políticas aún no lograron un impacto significativo en los depósitos en moneda extranjera.

En materia de infraestructura, anunció un plan para licitar 9.000 kilómetros de rutas en los próximos meses y avanzar con la concesión de otros 12.000 kilómetros, además de transferencias a provincias. Según anticipó, estos proyectos apuntan a generar cambios estructurales en la red vial en el corto plazo.

Caputo volvió a descartar una devaluación como herramienta de competitividad y planteó que el foco debe estar en reducir impuestos, desregular la economía y mejorar la logística. En paralelo, confirmó que viajará a Estados Unidos para participar de las reuniones del FMI y el Banco Mundial, donde se espera avanzar en la revisión del acuerdo vigente.