El Gobierno avanza con una reforma integral de la SIDE y redefine el sistema de inteligencia

El Gobierno nacional avanzará en las próximas horas con una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, que introduce modificaciones centrales a la Ley 25.520 y amplía los lineamientos establecidos por el Decreto 614/24. La iniciativa apunta a modernizar y ordenar el sistema, corregir superposiciones históricas y fortalecer los mecanismos de control institucional.

Uno de los ejes principales es la creación de una Comunidad de Inteligencia, que funcionará bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y permitirá integrar información estratégica de distintos organismos especializados. El esquema incorporará aportes económicos, tecnológicos, sanitarios, financieros y comunicacionales, ampliando la capacidad de análisis del Estado ante amenazas complejas del siglo XXI.

La reforma también establece una separación explícita entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Mientras la protección de redes y sistemas críticos quedará a cargo del Centro Nacional de Ciberseguridad, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, la ciberinteligencia se enfocará exclusivamente en la producción de conocimiento estratégico desde el ciberespacio, con criterios de transparencia y cooperación internacional.

Otro punto clave es la redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a concentrarse únicamente en tareas de contrainteligencia preventiva, orientadas a detectar espionaje, sabotaje e injerencia extranjera, incluidas nuevas formas de influencia tecnológica y cognitiva. De este modo, se elimina cualquier superposición con funciones policiales o de investigación criminal.

Finalmente, el DNU dispone la disolución de la DNIEM y concentra la inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto, además de reforzar los controles internos mediante la creación de una Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones de auditoría, supervisión legal y control presupuestario. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es dotar al sistema de reglas claras, respaldo legal y conducción jerárquica, en un contexto internacional cada vez más desafiante.