ARCA eliminó 23 trabas para importar y acelera el comercio exterior con Estados Unidos

En un movimiento estratégico para dinamizar el comercio exterior, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la derogación de 23 resoluciones que imponían la obligatoria intervención de entidades privadas en los controles físicos de mercaderías importadas.

La medida, formalizada a través de la Resolución General N° 5693/2025 publicada en el Boletín Oficial con fecha de 9 de mayo, representa un paso significativo en la estrategia del gobierno argentino para facilitar los flujos comerciales y, crucialmente, avanzar en las negociaciones con la administración estadounidense, que recientemente impuso un arancel del 10% a las importaciones provenientes de Argentina.

Las disposiciones ahora eliminadas databan de los años 1998 y 1999. Estas normativas establecían la exigencia de la presencia de representantes de cámaras y federaciones sectoriales durante las inspecciones aduaneras cuando una operación de importación era seleccionada para el denominado «canal rojo» de selectividad en el Sistema Informático MALVINA (SIM), el circuito de control más exhaustivo.

Según ARCA, la persistencia de estas regulaciones generaba una serie de ineficiencias que impactaban negativamente tanto a los operadores de comercio exterior como al propio Estado. El organismo recaudador argumentó que estas normas eran «un esquema obsoleto, de escasa eficacia y baja participación efectiva de las entidades», lo que se traducía en demoras innecesarias, incrementos en los costos operativos y una logística engorrosa.

El Gobierno Nacional enmarcó esta decisión como una respuesta directa a las demandas planteadas por Estados Unidos en su documento anual de la Oficina del Representante de Comercio (USTR), que identifica las principales barreras que dificultan el intercambio comercial bilateral. Entre los puntos destacados por Washington se encuentra la necesidad de eliminar trabas no arancelarias, automatizar los procesos aduaneros para agilizar el flujo de mercancías y aumentar la transparencia en los procedimientos aduaneros.

Más allá de la eliminación de la intervención obligatoria de entidades privadas, Estados Unidos ha expresado la necesidad de una simplificación integral del sistema aduanero argentino. Esto incluye la eliminación de la consularización obligatoria de documentos, un proceso que los exportadores estadounidenses consideran costoso y burocrático, la supresión de controles duplicados realizados por diferentes organismos estatales, y una mayor previsibilidad y claridad en la normativa aduanera para facilitar la planificación de las operaciones comerciales.

La noticia fue recibida con optimismo por el sector importador argentino. Fernando Furci, CEO de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), cuestionó la lógica subyacente de las normativas derogadas. «¿Por qué un representante de una cámara debía validar la legalidad de una operación, si existe personal aduanero calificado?», se preguntó el dirigente empresarial, resaltando la redundancia de la exigencia.

Furci añadió que, si bien en la práctica estas trabas se aplicaban con una frecuencia relativamente baja, su existencia representaba una «caja de herramientas que servía para obstaculizar importaciones sin un criterio claro», generando incertidumbre y potenciales arbitrariedades en el comercio exterior.