El Gobierno oficializó la reforma de la Policía Federal

El relanzamiento institucional de la PFA fue encabezado ayer por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante el acto, el mandatario destacó los ejes de la política de seguridad de su gestión: «el que las hace las paga, o sea que la justicia se debe cumplir siempre y en todo lugar; segundo, las reglas se respetan, por eso terminamos con los piquetes, y tercero, los de azul son los buenos».

Milei enfatizó la transformación de la fuerza: «Vamos a reformar el perfil de los investigadores, vamos a capacitar en técnicas investigativas. Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel. Pondremos a la PFA en línea con los estándares del FBI. Vamos a hacer las inversiones que hagan falta. Esto es simple, el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”.

La principal modificación del decreto reside en el cambio de misión de la PFA. Su labor central pasará a ser la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, con un enfoque especial en la desarticulación de organizaciones criminales. Esta transformación implica un abandono definitivo de su antiguo rol en cuestiones de seguridad local dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una función que fue transferida al ámbito porteño en 2016.

Con la derogación del decreto-ley de 1958, el nuevo estatuto estructura a la fuerza en dos áreas clave: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC).

En el ámbito operativo, el Ministerio de Seguridad establecerá anualmente un tope de nuevos suboficiales. Este número no superará el registrado en 2025 y se reducirá de manera paulatina. Este recorte en el ingreso de personal conlleva una reducción progresiva del tamaño de la fuerza y un giro en su perfil, orientándola hacia tareas de inteligencia e investigación criminal.

Los recursos económicos que se ahorren gracias a este nuevo cupo de ingresos se derivarán a un Programa de Modernización de la PFA. Este fondo permitirá inversiones en equipamiento, tecnología y cambios en los procesos internos, buscando dotar a la institución de herramientas más modernas y eficientes frente al delito complejo.

En su nueva configuración, la PFA actuará como auxiliar de la Justicia en investigaciones sobre delitos federales, fortalecerá la coordinación con otras fuerzas nacionales e internacionales y sumará tareas de inteligencia reguladas por la Ley 25.520. Además, un punto novedoso es que podrá intervenir en espacios digitales públicos —como redes sociales y sitios web abiertos— para tareas de prevención, siempre con el compromiso de respetar los derechos fundamentales de las personas.

El nuevo estatuto también introduce cambios significativos en el esquema de liderazgo y control interno. Tanto la Jefatura como la Subjefatura de la PFA serán designadas por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Seguridad. Por primera vez, la normativa permite que, en circunstancias excepcionales, se nombren personas ajenas a la fuerza para estos cargos.

Por otra parte, la Dirección General de Asuntos Internos verá reforzada su autonomía y vinculación con el Ministerio de Seguridad. Este organismo tendrá la capacidad de iniciar investigaciones, realizar sumarios y supervisar la integridad de la fuerza, garantizando un control más riguroso y transparente. Cualquier traslado de personal en este sector debe ser debidamente fundamentado e informado a la cartera nacional, que tendrá la capacidad de revisar o anular las medidas que considere improcedentes.

Con estos cambios, el Gobierno nacional busca fortalecer el perfil federal de la PFA, reforzar el control civil sobre la fuerza y adecuarla a las problemáticas actuales del crimen organizado, marcando un punto de inflexión en la historia de una de las instituciones más emblemáticas del sistema de seguridad argentino.