El Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha la Carrera de Investigador de Delitos para Profesionales, un nuevo régimen de incorporación a la Policía Federal Argentina (PFA) orientado a atraer perfiles técnicos y universitarios en disciplinas estratégicas. La medida quedó formalizada mediante la resolución 1291/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, forma parte del plan de reforma institucional establecido por el Decreto 383/2025, que busca modernizar y jerarquizar el funcionamiento de la fuerza. El objetivo es incorporar especialistas con formación en ingeniería, sistemas, criminalística, ciberseguridad, contabilidad y ciencias exactas, entre otras áreas clave para enfrentar el delito complejo.

Los aspirantes deberán contar con título universitario, nacionalidad argentina y menos de 40 años, además de aprobar evaluaciones técnicas y psicofísicas. Quienes ingresen cursarán una Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal y serán incorporados “en comisión” como Subinspectores, con un curso intensivo de nueve meses previo a su nombramiento definitivo.

La creación de esta carrera forma parte del nuevo esquema organizativo de la PFA, que prioriza la investigación y la tecnología aplicada a la seguridad federal. En paralelo, se estableció un Programa de Jerarquización para Subalternos, destinado a reconocer la formación y experiencia del personal en áreas como narcotráfico, inteligencia e investigaciones federales.

Según Bullrich, esta medida “marca un salto de calidad en la profesionalización de la fuerza”, y reafirma el compromiso del Gobierno con una seguridad moderna, técnica y basada en la evidencia.

El Gobierno nacional implementó una reforma que habilita a los legítimos usuarios de armas y entidades de tiro a adquirir y poseer fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, siempre que cumplan con una serie de requisitos técnicos y de seguridad. La medida, publicada en el Boletín Oficial, sustituye la prohibición previa por un régimen de control más moderno y transparente.

La decisión fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y coloca al Registro Nacional de Armas (RENAR) como autoridad responsable de aplicar la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429. El nuevo esquema busca equilibrar el derecho individual al uso responsable de armas con la seguridad pública, incorporando criterios técnicos y verificaciones rigurosas.

Los usuarios autorizados podrán registrar fusiles, carabinas o subametralladoras semiautomáticas derivadas de modelos militares, siempre que acrediten su identificación completa —marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie— y dispongan de un Sector de Guarda tipo G2, destinado al almacenamiento seguro del material.

Entre los requisitos exigidos, los solicitantes deberán acreditar actividad deportiva comprobable, ya sea mediante certificaciones de clubes de tiro habilitados o participación en competencias oficiales. También se requiere antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario, ausencia de sanciones o causas pendientes ante el RENAR y una declaración jurada justificando la solicitud, acompañada de fotografías del arma y documentación respaldatoria.

La resolución deroga las disposiciones 81/02, 54/04, 155/04 y 239/09, unificando la normativa anterior bajo un solo marco regulatorio. Según fuentes oficiales, la reforma busca “profesionalizar el control, garantizar trazabilidad total y transparentar el proceso de habilitación”, dejando atrás un sistema que, hasta ahora, requería autorizaciones del Ministerio de Defensa difíciles de obtener.

Con esta medida, el Ejecutivo avanza hacia un modelo de regulación técnica y verificable, enfocado en los tiradores deportivos y en la consolidación de un sistema de control más eficiente y alineado con estándares internacionales.

Los robos violentos en el Gran Buenos Aires aumentaron más de 500% entre 2015 y 2024, según un informe de la Fundación FININT, que advierte sobre un deterioro sostenido en la última década y un salto del 37% solo entre 2023 y 2024. La investigación señala que el 51% de los delitos del país y el 70% de los hechos de la provincia de Buenos Aires se concentran en el conurbano.

El estudio remarca que la gestión de Axel Kicillof no logró revertir la tendencia: el año 2024 registró 2.917 robos violentos, el pico más alto de la serie histórica. Para los analistas, la provincia “actúa después del delito” y carece de estrategias preventivas, inteligencia criminal y control territorial sostenido. Ese enfoque, agregan, responde a una visión ideológica que minimiza la responsabilidad penal y desalienta la persecución activa.

Los distritos más afectados son Quilmes, Esteban Echeverría, Merlo, Malvinas Argentinas y Lanús, donde las tasas de robos duplican la media nacional. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires redujo sus índices a 7,6 cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo de los últimos diez años, evidenciando la brecha entre ambos modelos de gestión.

Para Juan Félix Marteau, presidente de FININT, “el delito se desplazó hacia formas más cotidianas de violencia que afectan directamente al ciudadano común”. Además, advirtió sobre un subregistro creciente de denuncias por falta de confianza en la respuesta estatal.

Tras seis años de administración provincial, el balance muestra un retroceso estructural: la violencia urbana se expandió, la prevención se debilitó y el conurbano bonaerense se convirtió en el principal foco de inseguridad del país.