YPF: la Justicia de EE.UU. define si Argentina debe entregar el 51% de sus acciones

El caso, iniciado tras la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, derivó en una condena de primera instancia a pagar más de USD 18.000 millones con intereses. La jueza Loretta Preska consideró que Argentina debía compensar a los accionistas por la forma en que se ejecutó la expropiación. El fondo Burford Capital, que adquirió los derechos del litigio, busca no solo quedarse con el 51% accionario, sino también acceder a comunicaciones y documentos de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa.

Preska ya ordenó el “turnover” de las acciones a Burford. El Gobierno pidió suspender la medida hasta que se resuelva la apelación, algo que podría definirse en septiembre. La Cámara puede rechazar la suspensión, otorgarla con otra garantía o concederla sin condiciones. En los primeros dos casos, la gestión de Javier Milei evalúa recurrir a la Corte Suprema de EE.UU., aunque este tribunal rara vez interviene en litigios administrativos.

Si el fallo obliga a entregar las acciones y Argentina no cumple, podría declararse el desacato internacional, lo que implicaría sanciones económicas y diplomáticas. Entre las consecuencias posibles se incluyen restricciones para emitir deuda, pérdida de acceso a financiamiento externo, trabas migratorias para funcionarios y un aumento de la desconfianza entre inversores. El propio Burford sería el encargado de solicitar la declaración de desacato ante Preska.

Un resultado adverso representaría un golpe político y financiero en un momento en que el Gobierno busca atraer capitales y mejorar la credibilidad externa. En cambio, una suspensión otorgaría un margen de maniobra hasta septiembre, cuando la Cámara decidirá si la orden inicial de Preska fue válida.