El Gobierno promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero las suspendió por falta de fondos

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pero aclaró que su ejecución queda suspendida por imperativo legal al no haberse determinado las fuentes de financiamiento necesarias para ponerlas en marcha. La medida se apoya en el artículo 5° de la Ley N° 24.629, que establece que toda norma que disponga gastos sin especificar partidas presupuestarias “quedará suspendida hasta tanto se incluyan en el Presupuesto Nacional”.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la Ley de Financiamiento Universitario demandaría un gasto de $1,07 billones, mientras que la Ley de Emergencia Pediátrica implicaría $196 mil millones adicionales, cifras que exceden ampliamente las disponibilidades actuales del Tesoro. Por eso, el Gobierno aclaró que “ni el Ejecutivo ni el Jefe de Gabinete están habilitados a ejecutar normas que, por imperativo legal, se encuentran suspendidas”.

Fuentes del oficialismo señalaron que la omisión del Congreso fue una “maniobra deliberada” destinada a responsabilizar al Gobierno por la falta de implementación. Según sostienen, el Parlamento pretende mostrar insensibilidad del Ejecutivo frente a temas sensibles como salud y educación, sin definir los recortes necesarios para financiar los nuevos gastos.

En el caso de la Ley 27.796, el texto menciona una genérica “readecuación de partidas del Ministerio de Salud”, sin detallar cuáles se afectarían, lo que —según el Ejecutivo— busca trasladar al Gobierno el costo político de esas decisiones.

Aun así, el Ejecutivo decidió reasignar fondos internos para atender parcialmente las necesidades más urgentes del sistema pediátrico, en el marco de una estrategia de equilibrio entre la disciplina fiscal y la atención social. De esta manera, el Gobierno procura mostrar responsabilidad frente al déficit sin desatender los sectores más vulnerables.