El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en las tarifas eléctricas que comenzará a regir el 1° de marzo y tendrá impacto pleno en las facturas que se emitirán en abril y mayo. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 102/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y alcanza a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de cooperativas del interior bonaerense.

Según estimaciones oficiales, el impacto promedio en usuarios residenciales será del 12%, aunque para quienes pierdan los subsidios energéticos la suba llegará aproximadamente al 17%. En términos concretos, un usuario sin subsidios con consumo medio pasará de pagar cerca de $46.100 a $52.000, mientras que uno con subsidios abonará alrededor de $33.300 frente a los $28.500 previos.

Desde la cartera provincial explicaron que el incremento responde a la actualización del precio mayorista de la energía definido por Nación y al ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes de la tarifa final. A esto se suma la implementación de un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados, que reemplaza la segmentación anterior y clasifica a los usuarios en “con subsidios” y “sin subsidios”.

Los nuevos valores mayoristas entrarán en vigencia de inmediato, mientras que el VAD actualizado comenzará a aplicarse desde marzo. En la práctica, los consumos registrados en febrero y marzo ya reflejarán el aumento en las próximas boletas eléctricas.

La actualización tarifaria se produce luego de varios meses de ajustes moderados —en febrero había sido de 3,5% intermensual— y en un contexto de alta demanda eléctrica estacional, lo que vuelve a colocar el costo de la energía como un factor relevante en el gasto de los hogares bonaerenses.

El cierre de la planta de FATE, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, volvió a poner en discusión el modelo industrial argentino basado en altos aranceles y restricciones a las importaciones. Especialistas del sector sostienen que la compañía operó durante años en un mercado protegido que le permitió sostener precios elevados y baja competencia externa, con una inserción internacional limitada.

Durante ese período, los neumáticos en el país se comercializaron con valores muy superiores a los de la región, en algunos casos duplicando o triplicando precios de mercados vecinos. La protección arancelaria y el cierre relativo del mercado interno permitieron mantener márgenes altos y escasa presión competitiva. Con la mayor apertura comercial reciente y el ingreso de productos importados más baratos, esa estructura de costos quedó expuesta y se aceleró la pérdida de participación.

Según analistas, uno de los principales factores fue la dependencia del mercado interno y la falta de ventajas competitivas sostenibles. Mientras la industria global del neumático avanzó en automatización, escala y reducción de costos, la producción local se mantuvo enfocada en un esquema protegido. La caída de ventas frente a importaciones más competitivas terminó por precipitar el cierre de la planta.

A ese cuadro se sumó la conflictividad laboral prolongada en el sector del neumático durante los últimos años, con paros y bloqueos que afectaron la continuidad productiva y el cumplimiento de contratos. En un mercado global exigente, las interrupciones operativas impactan en costos y confiabilidad, dos variables clave para sostener clientes y exportaciones.

El cierre fue interpretado por distintos actores económicos como un caso emblemático del agotamiento de un esquema industrial dependiente de protección estatal. El episodio reactivó el debate entre resguardo de la industria local y competitividad internacional, en un contexto donde la apertura comercial expone con mayor claridad la productividad y eficiencia de cada sector.

Más allá de las lecturas, el caso dejó planteada una discusión de fondo sobre el desarrollo productivo: cómo sostener una industria competitiva sin depender de barreras permanentes en un mercado global cada vez más integrado y competitivo.

El Gobierno nacional resolvió extender hasta julio de 2027 el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tras la aprobación de 10 proyectos por USD 25.479 millones en sectores estratégicos como energía, minería e industria. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó además la incorporación de nuevos desarrollos vinculados al petróleo y el gas.

La prórroga se instrumentó mediante la facultad prevista en el régimen para extender por única vez el período de adhesión. Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca consolidar previsibilidad y sostener el flujo de capitales de largo plazo, en un contexto de fuerte impulso a la matriz energética y exportadora del país.

Entre las novedades, el Gobierno habilitó el ingreso de proyectos upstream de hidrocarburos —exploración y producción— con un piso mínimo de inversión de USD 600 millones. La decisión apunta a acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar la capacidad exportadora de petróleo y gas.

El RIGI otorga incentivos fiscales y regulatorios para grandes inversores, entre ellos reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exención de derechos de exportación, cómputo anticipado de IVA y acceso a arbitraje internacional en caso de controversias. Según el Gobierno, estas condiciones resultan claves para atraer proyectos de escala global.

Los proyectos aprobados se distribuyen en varias provincias. En energía, se destacan el parque solar El Quemado de YPF en Mendoza y el plan Vaca Muerta Sur, impulsado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell, con USD 2.486 millones para infraestructura de exportación. En gas, la firma Southern Energy prevé instalar una barcaza de GNL en Río Negro.

En minería sobresalen inversiones de Rio Tinto en litio en Salta por USD 2.724 millones y el proyecto cuprífero Los Azules en San Juan, liderado por McEwen Cooper. También avanzan desarrollos industriales y logísticos: una planta siderúrgica de Sidersa en Buenos Aires, un parque eólico de PCR–Acindar y un puerto multipropósito en Timbúes (Santa Fe).

Con la extensión del régimen, el Gobierno busca consolidar al RIGI como eje de su estrategia para transformar el potencial energético y minero en exportaciones, empleo e inversión productiva, en un esquema de estabilidad fiscal y reglas de largo plazo orientado a grandes capitales internacionales.