Política
Malvinas: Cancillería rechazó la explotación petrolera extranjera en el yacimiento Sea Lion
El Gobierno nacional repudió la decisión de empresas británicas e israelíes de avanzar con la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y ratificó que se trata de una actividad ilegal realizada sin autorización argentina.
El Gobierno nacional repudió la decisión de empresas británicas e israelíes de avanzar con la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y ratificó que se trata de una actividad ilegal realizada sin autorización argentina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su rechazo a la “pretendida Decisión Final de Inversión” anunciada por Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited, firmas que operan en un área bajo disputa de soberanía con el Reino Unido. Según el comunicado oficial, ambas compañías avanzaron sin permisos de la autoridad competente y en violación del derecho internacional.
Desde Cancillería señalaron que el yacimiento Sea Lion se encuentra sobre la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, frente a la costa de Santa Cruz. El campo petrolero, descubierto en 2010, tendría un potencial estimado de 819 millones de barriles, aunque estudios británicos elevaron esa cifra hasta 1.700 millones, lo que explica el interés económico del proyecto.
El Gobierno recordó que Rockhopper y Navitas ya fueron sancionadas e inhabilitadas por 20 años por operar sin autorización en jurisdicción argentina, mediante resoluciones de la Secretaría de Energía dictadas en 2012 y 2022. Además, advirtió que toda actividad de exploración o explotación unilateral contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la ONU, que instan a ambas partes a abstenerse de modificar la situación mientras persista la disputa.
El rechazo argentino se extendió a los actos conexos del proyecto, incluidas concesiones, normas locales y contrataciones vinculadas a la fase productiva. Cancillería afirmó que la Argentina no reconoce jurisdicción alguna distinta de la propia en el área y anticipó que profundizará las acciones diplomáticas, legales y administrativas para resguardar sus derechos soberanos.
La postura fue respaldada por el Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó el avance como ilegal y unilateral y reclamó la activación de mecanismos sancionatorios. Las actividades de Navitas ya habían sido cuestionadas en años anteriores, lo que motivó reclamos formales tanto al Reino Unido como a Israel por la explotación de recursos naturales en territorio en disputa.