Reforma ambiental: el Gobierno propone modificar la Ley de Glaciares

El Gobierno nacional remitió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, sancionada en 2010. La iniciativa fue confirmada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, donde se señaló que la normativa vigente generó inseguridad jurídica, conflictos de interpretación y tensiones con las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

Según el texto oficial, el proyecto impulsado por Javier Milei apunta a precisar definiciones, terminar con interpretaciones consideradas arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional. En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que la reforma no busca reducir estándares ambientales, sino compatibilizar la protección del ambiente con el desarrollo humano y productivo.

La propuesta reafirma dos principios constitucionales: el artículo 41, que establece la preservación del ambiente sin impedir el desarrollo, y el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. En esa línea, el proyecto fortalece la participación provincial en las evaluaciones de impacto ambiental y promueve una articulación técnica con el Inventario Nacional de Glaciares, con información actualizada para la toma de decisiones.

Desde el oficialismo señalaron que la reforma responde a pedidos de provincias vinculadas a la actividad minera, como Catamarca, Jujuy y Salta (Mesa del Litio) y Mendoza y San Juan (Mesa del Cobre), que advirtieron sobre el impacto de la normativa actual en proyectos productivos. Uno de los ejes centrales del debate es la definición del ambiente periglacial, cuya amplitud derivó en litigios y en la paralización de iniciativas aun en zonas sin glaciares activos.

El sector privado acompañó la iniciativa. Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) indicaron que una definición más precisa permitiría destrabar proyectos de gran escala, varios de los cuales evalúan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto comenzará ahora su tratamiento legislativo, donde se abrirá la discusión sobre el alcance de la reforma y su impacto ambiental y productivo.