El Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal y redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes

El Gobierno nacional logró la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que introduce cambios estructurales en el régimen tributario argentino y busca modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes. La norma integra la segunda etapa del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, presentado a fines de mayo.

El eje central de la ley es la incorporación del principio de inocencia fiscal, que reemplaza la presunción de culpabilidad por un esquema en el cual el Estado debe probar la existencia de irregularidades antes de avanzar con sanciones administrativas o penales. El objetivo es dotar de mayor previsibilidad y seguridad jurídica al sistema impositivo.

Entre los principales cambios, la normativa eleva los montos mínimos a partir de los cuales se pueden iniciar causas penales por evasión y reduce los plazos de prescripción para la determinación de deudas cuando las declaraciones juradas fueron presentadas en tiempo y forma. Según se indicó, estas modificaciones apuntan a descomprimir el sistema judicial tributario y concentrar los controles en casos de mayor relevancia fiscal.

La ley también establece un blindaje para el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, permitiendo que quienes adhieran regularicen su situación tributando en función de la facturación declarada, sin que puedan revisarse variaciones patrimoniales anteriores. El esquema está orientado principalmente a monotributistas y pequeños contribuyentes.

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca incentivar la formalización de ahorros no declarados, facilitar su incorporación al sistema financiero y generar condiciones para mayor inversión, consumo y acceso al crédito, en un marco de reglas más claras entre el fisco y los ciudadanos.