Política
El Gobierno apelará el fallo que suspendió el protocolo antipiquetes
La administración de Javier Milei cuestionó la decisión judicial y sostuvo que el protocolo cuenta con respaldo social y garantiza la libre circulación. El Ejecutivo denunció un trasfondo político en la medida.
La administración de Javier Milei cuestionó la decisión judicial y sostuvo que el protocolo cuenta con respaldo social y garantiza la libre circulación. El Ejecutivo denunció un trasfondo político en la medida.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que ordenó suspender la aplicación del protocolo antipiquetes, una de las principales herramientas de la política de seguridad de la gestión libertaria. Desde el Ejecutivo consideraron que la resolución es incorrecta desde el punto de vista jurídico y afirmaron que desconoce el respaldo mayoritario de la sociedad a la medida.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo y cuestionó la legalidad del protocolo aprobado mediante la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad. Frente a ello, el Ejecutivo adelantó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Desde la Casa Rosada señalaron que el procedimiento no restringe el derecho a la protesta, sino que ordena su desarrollo para garantizar la convivencia y la libre circulación. Además, sostuvieron que el protocolo ya fue aplicado y avalado en múltiples oportunidades sin objeciones judiciales de fondo.
El fallo fue impulsado a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización crítica de las políticas de seguridad del actual Gobierno. En ese contexto, fuentes oficiales insistieron en que la decisión judicial responde a motivaciones políticas y ratificaron que el Ejecutivo no dará marcha atrás en la defensa del protocolo.
Por último, desde el entorno presidencial remarcaron que la apelación busca preservar una política que, según afirmaron, permitió reducir cortes de calles y garantizar el orden público, y anticiparon que el Gobierno continuará defendiendo el esquema vigente en todas las instancias judiciales.