Política
El Gobierno amplió las causales para excluir a empresas vinculadas a hechos de corrupción
Un decreto del Ejecutivo estableció criterios más amplios de inelegibilidad para proveedores y contratistas del Estado y sumó controles basados en listados internacionales.
Un decreto del Ejecutivo estableció criterios más amplios de inelegibilidad para proveedores y contratistas del Estado y sumó controles basados en listados internacionales.
El Gobierno nacional oficializó una modificación en el régimen de contrataciones públicas que endurece las condiciones de acceso a licitaciones de obras, bienes y servicios. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, amplió las causales de inelegibilidad para impedir la participación de empresas vinculadas a corrupción y a prácticas fraudulentas.
El nuevo marco establece que quedarán excluidas las firmas relacionadas con conductas corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas, entre otras. Además, obliga a los organismos estatales a verificar a los oferentes contra listados de inhabilitaciones elaborados por organismos internacionales, en particular el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, incorporando un control adicional alineado con estándares globales.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la contratación pública debe desarrollarse bajo principios de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, y remarcó que la corrupción deteriora la confianza institucional, afecta la calidad de los servicios y distorsiona el uso de los recursos públicos. El decreto también reforzó el rol del Estado en prevenir y sancionar prácticas ilícitas, habilitando exclusiones administrativas como herramienta disuasoria.
Uno de los cambios centrales fue la eliminación de una restricción previa que acotaba la inelegibilidad a las prácticas definidas por la Convención de la OCDE sobre cohecho transnacional. Con el decreto 5/2026, ese límite se suprimió, ampliando el alcance de las causales de exclusión.
La decisión se inscribe en un contexto de reordenamiento del sistema de compras públicas. En paralelo, el Gobierno recordó la actualización del registro de contratistas, que ahora exige inscripción en el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una plataforma unificada para inscripción y calificación. Según el Ejecutivo, el conjunto de medidas busca cerrar brechas que facilitaron irregularidades y fortalecer los controles en la adjudicación de contratos estatales.