Operativo migratorio en Villa Celina: detectaron 16 extranjeros en situación irregular

El Gobierno nacional desplegó un operativo de control migratorio en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, que permitió identificar a 16 personas extranjeras en situación migratoria irregular durante una sola jornada. El procedimiento fue realizado por la Dirección Nacional de Migraciones, con apoyo de la Policía Federal Argentina, en el marco del refuerzo de controles de permanencia en el conurbano bonaerense.

Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad, durante el operativo se verificó la documentación de 385 ciudadanos extranjeros en la vía pública. Como resultado, se detectaron 16 personas que no contaban con residencia legal vigente ni trámites migratorios en regla, quienes quedaron sujetas a los procedimientos administrativos correspondientes.

Desde el Gobierno aclararon que los controles se realizaron sin allanamientos ni intervenciones domiciliarias, y que consistieron únicamente en la verificación de documentación migratoria. Las personas detectadas deberán regularizar su situación ante Migraciones y, en caso de no hacerlo, podrían ser expulsadas del país conforme a lo establecido por la Ley de Migraciones.

Las autoridades remarcaron que el objetivo del operativo no es afectar a quienes residen legalmente en Argentina, sino ordenar situaciones irregulares y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. En ese sentido, indicaron que los extranjeros con documentación válida, residencias en trámite o permanencia regular no se ven alcanzados por estos procedimientos.

Tras el despliegue, comenzaron a circular versiones alarmistas en redes sociales y grupos vecinales de Villa Celina, donde se hablaba de supuestas deportaciones inmediatas y detenciones masivas. Desde el entorno del operativo desmintieron esas versiones y aseguraron que no se realizaron expulsiones en el momento ni traslados compulsivos fuera del país, sino que se activaron los pasos administrativos habituales.

El operativo se inscribe en una política más amplia del Ejecutivo orientada a reforzar el control migratorio, garantizar el cumplimiento de la ley y regularizar situaciones que, según el Gobierno, se mantuvieron sin fiscalización durante años.