Política

El Garrahan pidió el desafuero de diez gremialistas tras la toma ilegal del hospital

El Hospital Garrahan solicitó formalmente el desafuero de diez dirigentes gremiales para avanzar con sus despidos, luego de que encabezaran la toma ilegal de las oficinas de la Dirección en octubre de 2025. Además, otras 29 personas serán sancionadas por su participación en los hechos y por exigir el pago de días no trabajados durante medidas de fuerza.

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El Hospital Garrahan solicitó formalmente el desafuero de diez dirigentes gremiales para avanzar con sus despidos, luego de que encabezaran la toma ilegal de las oficinas de la Dirección en octubre de 2025. Además, otras 29 personas serán sancionadas por su participación en los hechos y por exigir el pago de días no trabajados durante medidas de fuerza.

Según detallaron las autoridades, el episodio fue protagonizado por sectores de ATE y APyT, que irrumpieron de manera violenta en áreas administrativas, interrumpieron el funcionamiento institucional y retuvieron al personal presente, en un hospital público de referencia nacional y regional en atención pediátrica.

Desde la conducción del Garrahan explicaron que el conflicto se originó tras la decisión del Consejo de Administración de aplicar descuentos salariales por ausencias injustificadas, en cumplimiento de la normativa vigente y de la política de presentismo. En ese marco, señalaron que la reacción gremial no respondió a un reclamo laboral legítimo, sino a una maniobra de carácter político.

Las autoridades advirtieron que este accionar puso en riesgo el normal funcionamiento del hospital y la atención de miles de niños, y remarcaron que no se tolerarán prácticas de presión, violencia o apriete sindical dentro de una institución sanitaria crítica. “El Garrahan no es un espacio de militancia ni un botín gremial”, afirmaron.

Finalmente, destacaron que, pese a los hechos, la gestión del hospital continúa con normalidad, con presupuesto garantizado, bonos vigentes para el personal y obras y equipamiento en marcha por más de 30 mil millones de pesos, financiados con recursos propios, en defensa del derecho de los pacientes a una atención de calidad.

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