Política

El Gobierno retiró el proyecto que bajaba la imputabilidad a 13 años y volvió al límite de 14

Ante la falta de consensos en Diputados, el Ejecutivo dio marcha atrás con la iniciativa enviada esta semana y retomó el dictamen previo, que fija la edad en 14 años, mantiene el esquema de financiamiento e incorpora convenios con las provincias.

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Ante la falta de consensos en Diputados, el Ejecutivo dio marcha atrás con la iniciativa enviada esta semana y retomó el dictamen previo, que fija la edad en 14 años, mantiene el esquema de financiamiento e incorpora convenios con las provincias.

El Gobierno nacional resolvió retirar el proyecto de Régimen Penal Juvenil que había ingresado a la Cámara de Diputados y que proponía reducir a 13 años la edad de imputabilidad. La decisión se tomó a pocas horas del inicio del debate legislativo, luego de constatar la imposibilidad de reunir apoyos suficientes para avanzar con ese punto central.

Según confirmaron fuentes legislativas, el oficialismo optó por retomar el dictamen trabajado en comisión, que establece la imputabilidad a partir de los 14 años. Ese texto contaba con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas y había permitido obtener dictamen de mayoría durante 2025, por lo que ahora se convertirá en la base para reactivar la discusión parlamentaria.

El proyecto que vuelve a escena conserva la estructura general del régimen penal juvenil, con sanciones graduadas según la gravedad del delito y prioridad de medidas alternativas a la prisión, como programas educativos, tareas comunitarias, reparación del daño y tratamientos psicológicos. La privación de la libertad quedará reservada para delitos graves, en institutos especializados y sin contacto con detenidos adultos.

Entre los puntos que se mantienen figura la posibilidad de celebrar convenios entre Nación y provincias para implementar el régimen, una demanda central de los gobernadores por el impacto presupuestario en los distritos. En ese marco, el Ejecutivo ratificó la explicitación del costo fiscal, estimado en $23.739 millones, a financiarse con partidas del Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.

El aspecto que quedó definitivamente descartado fue la baja a 13 años, impulsada por sectores del oficialismo pero resistida incluso por aliados como el PRO, que sostuvieron el límite en 14. Con este repliegue, el Gobierno buscó ordenar el escenario legislativo, destrabar el debate y avanzar con una reforma con viabilidad de votación en el recinto en los próximos días.

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