Tras su aprobación en el Congreso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa orientada a promover la formalización de ahorros y reducir la litigiosidad tributaria. La medida se complementó con la puesta en vigencia del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, diseñado para disminuir la burocracia y otorgar previsibilidad a los contribuyentes.

Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema buscó dejar atrás un enfoque punitivo y recomponer la confianza entre el Estado y los contribuyentes, en línea con la orientación económica del Gobierno. El diagnóstico oficial sostuvo que la informalidad se profundizó por el cepo, la inflación persistente y la presión impositiva, y que un cambio de reglas resultaba clave para ampliar la base tributaria sin subir impuestos.

El ministro de Economía Luis Caputo fundamentó la medida con datos del Banco Central de la República Argentina, al indicar que los argentinos mantenían USD 170.000 millones fuera del sistema, frente a USD 67.000 millones en depósitos privados. Para el Gobierno, canalizar una porción de esos fondos permitiría mejorar la estabilidad macroeconómica y acelerar la recuperación.

La reglamentación introdujo cambios centrales: el umbral de evasión simple se elevó a $100 millones, el de evasión agravada a $1.000 millones, el plazo de prescripción se redujo de 5 a 3 años y la evasión dejó de priorizar el enfoque penal, con énfasis en la regularización voluntaria. Quienes adhieran al régimen simplificado quedarán fuera de investigaciones penales desde 2029, si cumplen las condiciones.

Podrán adherir contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales. La verificación considerará el período de adhesión y los dos anteriores. Además, ARCA ofrecerá una declaración precargada con efecto liberatorio si se presenta y paga en término.

La normativa aclaró que las operaciones se considerarán válidas cuando los fondos ingresen al sistema financiero, mantuvo la posibilidad de operaciones inmobiliarias en efectivo según la legislación vigente y estableció beneficios para pymes, como la eliminación de intimaciones automáticas y una reducción del 50% de multas para regularizaciones dentro de 45 días. El régimen incorporó una presunción de veracidad y un nuevo período fiscal base, con el objetivo de reemplazar la lógica sancionatoria por un cumplimiento progresivo basado en la confianza.

El consumo de carne en la Argentina mostró una recuperación sostenida durante 2025, al alcanzar su nivel más alto desde 2020, según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En total, cada habitante consumió 116,4 kilogramos anuales, lo que representa un incremento de 4,3 kilos respecto de 2024.

De acuerdo con el relevamiento de la Dirección Nacional de Producción Ganadera, el aumento se explicó por un crecimiento en las tres principales categorías de carne, aunque con comportamientos dispares. La carne bovina registró una suba del 2,94 %, pasando de 48,49 a 49,92 kilos por persona, lo que confirma un escenario de estabilidad en el consumo de carne vacuna.

El mayor dinamismo se observó en la carne porcina, cuyo consumo per cápita creció 8,44 % interanual, al pasar de 17,42 a 18,89 kilos. Este segmento aportó 1,47 kilos adicionales por habitante, consolidándose como uno de los principales motores del aumento total.

En tanto, la carne aviar también mostró un desempeño positivo, con un crecimiento del 3,07 %, al ubicarse en 47,68 kilos por persona. Este comportamiento refuerza una tendencia de diversificación en la dieta y una mayor participación del pollo dentro del consumo total de proteínas animales.

Desde el área oficial destacaron que el resultado refleja una mayor variedad en los hábitos de consumo, además de un contexto productivo que permitió sostener la oferta interna y mejorar el acceso de la población a alimentos de valor nutricional, en un nivel récord para el período 2020–2025.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a cuestionar uno de los argumentos más frecuentes contra la apertura comercial: la idea de que Argentina debería esperar a reducir impuestos y costos internos antes de abrir su economía. A través de una publicación extensa en redes sociales, sostuvo que ese razonamiento no solo es equivocado, sino que además funciona como una excusa para evitar la competencia.

Según el funcionario, la noción de la “cancha desnivelada” plantea erróneamente que primero deben corregirse las distorsiones internas, como la presión tributaria o el tamaño del Estado, para luego avanzar en la integración comercial. “Es una postura que suena razonable, pero en la práctica posterga indefinidamente los cambios”, afirmó, al señalar que muchas veces encubre una defensa implícita del proteccionismo.

Para fundamentar su posición, Sturzenegger apeló a la teoría clásica del comercio internacional y recordó los aportes de David Ricardo, quien demostró que incluso entre economías con fuertes diferencias de productividad el intercambio resulta beneficioso. En ese sentido, remarcó que los países con menor productividad relativa son, paradójicamente, los que más pueden ganar con la apertura, al especializarse en los sectores donde presentan ventajas comparativas.

El ministro vinculó además el debate comercial con la estructura impositiva y regulatoria local. Sostuvo que los impuestos elevados y las regulaciones excesivas reducen la productividad y terminan impactando negativamente sobre los salarios reales. “Cada distorsión que encarece producir en la Argentina se traduce en menores ingresos para los trabajadores”, explicó, y defendió la reducción del gasto público y la desregulación como herramientas centrales para mejorar el ingreso real.

Finalmente, Sturzenegger fue categórico al descartar que la baja de impuestos sea una condición previa para abrir el comercio. Por el contrario, afirmó que cuanto más ineficiente es una economía, mayor es el beneficio potencial de integrarse al comercio internacional. “Reducir costos y achicar el Estado es necesario, pero no para habilitar la apertura, sino para que el capital y el trabajo estén mejor remunerados”, concluyó, al ratificar que la apertura comercial seguirá siendo un eje central de la política económica del Gobierno.