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La IGJ pidió designar veedores en la AFA por presuntas irregularidades contables

La Inspección General de Justicia solicitó una veeduría informativa en la Asociación del Fútbol Argentino para acceder a balances, vínculos comerciales y flujo de fondos que, según el organismo, no fueron debidamente informados.

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La Inspección General de Justicia solicitó una veeduría informativa en la Asociación del Fútbol Argentino para acceder a balances, vínculos comerciales y flujo de fondos que, según el organismo, no fueron debidamente informados.

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió formalmente la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el objetivo de relevar documentación contable y financiera que el organismo asegura haber solicitado sin obtener respuesta completa. La medida fue dispuesta por el inspector general Daniel Vítolo y notificada a la entidad presidida por Claudio Tapia.

Según se informó oficialmente, la veeduría tendrá carácter informativo y de fiscalización, sin implicar intervención ni sanción previa. Los veedores deberán recabar y compulsar estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales y analizar posibles irregularidades administrativas o estatutarias.

El pedido también abarca una auditoría sobre la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo contrataciones, adquisición de bienes y trazabilidad de fondos, así como el examen de los vínculos comerciales de la AFA con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas S.A. y sociedades asociadas, con foco en derechos comerciales y transferencias financieras internacionales.

La IGJ señaló además inconsistencias en el intento de la AFA de cambiar su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, trámite que fue rechazado al comprobarse que la administración continúa funcionando en la sede histórica de Viamonte 1366, Ciudad de Buenos Aires. El organismo sostuvo que la medida busca determinar si corresponde avanzar con nuevas acciones en el marco de sus facultades de control sobre asociaciones civiles.

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