El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó una reunión con el empresario y cofundador de PayPal y Palantir Technologies, Peter Thiel, en un encuentro donde se abordaron temas vinculados a la actualidad económica argentina y al escenario geopolítico internacional.

De la reunión también participaron el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Tras el encuentro, Caputo calificó la jornada como una “excelente reunión” y destacó el intercambio sobre distintos temas estratégicos.

La visita de Thiel se da en medio del interés del empresario por avanzar con inversiones y analizar oportunidades de radicación en el país. Según trascendió, el magnate mantiene una visión positiva sobre el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei y considera que Argentina puede convertirse en un destino atractivo para capitales tecnológicos y financieros.

En las últimas semanas, Thiel ya había mantenido reuniones con distintos integrantes del Gobierno nacional, incluido el propio Milei. También participaron de esos encuentros referentes de su entorno empresarial y financiero vinculados a fondos de inversión y compañías tecnológicas de Silicon Valley.

En paralelo, el Gobierno trabaja en un nuevo esquema de incentivos para grandes inversiones, conocido informalmente como “super RIGI”, que buscará ampliar los beneficios previstos en el actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Según trascendió, la iniciativa incluiría una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, beneficios de amortización acelerada, exenciones aduaneras y un esquema de adhesión para provincias y municipios con el objetivo de reducir la carga tributaria sobre proyectos estratégicos.

El oficialismo apunta a utilizar ese régimen para atraer inversiones en sectores vinculados a la tecnología, energía, minería e innovación, además de consolidar vínculos con empresarios internacionales interesados en el mercado argentino.

Desde el entorno gubernamental sostienen que el objetivo es posicionar a la Argentina como un polo competitivo para el desarrollo de inversiones de gran escala y proyectos tecnológicos de alcance global.

La empresa Molinos Agro, perteneciente al grupo Pérez Companc, presentó un anteproyecto para desarrollar un nuevo complejo portuario e industrial en la localidad santafesina de Timbúes, con una inversión estimada en USD 800 millones.

El proyecto dio un paso importante luego de que la comuna local aprobara la Ordenanza 051/2026, que habilita el cambio de uso del suelo y la creación de un “Subdistrito Portuario Especial” para avanzar con la iniciativa.

Desde las autoridades locales definieron el emprendimiento como un proyecto de “escala mundial”, con potencial para transformar el perfil productivo y logístico de la región del Gran Rosario, uno de los principales polos agroexportadores del mundo.

El complejo proyectado incluiría tres líneas de molienda con capacidades de entre 12 mil y 15 mil toneladas diarias cada una, además de un sistema de almacenamiento para aproximadamente un millón de toneladas de granos y subproductos.

La infraestructura también prevé la construcción de dos muelles para buques Panamax y Neopanamax, un tercer muelle para barcazas y una central de cogeneración eléctrica de 55 megavatios destinada a abastecer las operaciones industriales.

Además, el plan contempla una planta de tratamiento de aguas y efluentes para integrar el funcionamiento del complejo al corredor portuario del río Paraná.

Según estimaciones realizadas por la comuna de Timbúes, si se concretan todas las etapas previstas, el complejo podría alcanzar una rotación cercana a 1,2 millones de toneladas mensuales, convirtiéndose en uno de los nodos logísticos más importantes del país.

La ordenanza aprobada también estableció distintas condiciones para la empresa. Entre ellas, el inicio de las obras dentro de los 24 meses posteriores a las autorizaciones provinciales y nacionales, además de la puesta en funcionamiento de una primera etapa en un plazo máximo de tres años.

El proyecto también contempla la creación de al menos 350 puestos de trabajo directos, mejoras viales vinculadas al tránsito pesado, una donación educativa de USD 100 mil y la compra de un inmueble comunal valuado en USD 1,1 millones.

Desde la empresa aclararon que todavía se trata de un “anteproyecto en evaluación” y que aún restan aprobaciones ambientales, portuarias y la definición del esquema financiero definitivo para avanzar con la obra.

La información fue comunicada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que detalló que ambas compañías superaron la instancia técnica vinculada a los planes operativos y antecedentes de gestión. Según los resultados difundidos, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos y DEME alcanzó 42,14 puntos.

Durante el análisis se evaluaron aspectos como el dragado y mantenimiento de la vía navegable, los sistemas de señalización, protocolos ambientales, capacidad operativa y herramientas de ciberseguridad. Ahora, si no se presentan impugnaciones en los próximos días, el proceso avanzará hacia la apertura del Sobre N°3, correspondiente a la oferta económica.

La Vía Navegable Troncal concentra cerca del 80% de las exportaciones argentinas y es considerada estratégica para sectores como el agro, la industria y la energía. En ese marco, el Gobierno sostiene que la privatización permitirá mejorar la competitividad y reducir costos logísticos para productores y exportadores.

Desde el Ejecutivo remarcan que el objetivo es avanzar hacia un esquema con mayor participación privada y menor intervención estatal directa. La iniciativa forma parte de la política de desregulación económica impulsada por la gestión de Javier Milei.

El proceso también recibió respaldo de entidades empresariales y productivas como la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados, entre otras organizaciones vinculadas al comercio exterior.

Según estiman desde el sector, la modernización de la Hidrovía podría generar una reducción en los costos de transporte, mayor eficiencia operativa y nuevas inversiones en infraestructura logística para el sistema exportador argentino.