Política
El Gobierno envió al Congreso la “Ley de Hojarascas” para eliminar más de 70 regulaciones
El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger propone derogar normas consideradas obsoletas, anacrónicas o inconstitucionales y avanzar en la desregulación del sistema legal.
El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger propone derogar normas consideradas obsoletas, anacrónicas o inconstitucionales y avanzar en la desregulación del sistema legal.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso una nueva iniciativa para avanzar con su agenda de reformas: la denominada “Ley de Hojarascas”. El proyecto apunta a eliminar más de 70 leyes y disposiciones vigentes que, según el Ejecutivo, generan trabas burocráticas y distorsiones en la economía.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación, retoma un texto presentado en 2024 que había perdido estado parlamentario, y amplía el alcance del análisis sobre la normativa vigente. En ese marco, se revisan leyes desde 1864 hasta la actualidad, bajo criterios que identifican normas superadas, innecesarias o incompatibles con la Constitución.
Desde el Gobierno sostuvieron que la acumulación de regulaciones contribuyó a incrementar la burocracia estatal y, en algunos casos, a restringir actividades o sostener privilegios. Por eso, el objetivo es simplificar el sistema y mejorar la previsibilidad para ciudadanos y empresas.
Entre los ejemplos incluidos aparecen disposiciones sobre microfilmación en las Fuerzas Armadas, autorizaciones vinculadas a la televisión a color o incluso requisitos como un carnet para mochileros. También se contemplan leyes que crearon organismos que ya no funcionan, pero que aún siguen formalmente vigentes.
Otro eje del proyecto es la eliminación de cargas administrativas innecesarias, como registros obligatorios o fondos sin actividad real. Además, se busca suprimir beneficios considerados discrecionales para determinados sectores.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de desregular la economía y reducir el peso del Estado, y ahora deberá ser debatida en el Congreso, donde se definirá su eventual aprobación.