Política
Fiscales advirtieron que Cristina Kirchner podría perder la domiciliaria por incumplimientos
El fiscal Diego Luciani pidió intimar a la ex presidenta por hechos ocurridos el 24 de marzo y alertó que, si persisten, podría revocarse el arresto domiciliario.
El fiscal Diego Luciani pidió intimar a la ex presidenta por hechos ocurridos el 24 de marzo y alertó que, si persisten, podría revocarse el arresto domiciliario.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner habría incumplido las condiciones de su prisión domiciliaria en la causa Vialidad. El planteo fue presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ante el Tribunal Oral Federal 2, donde solicitaron que se la intime a evitar conductas que alteren el orden público.
El pedido se basa en las concentraciones registradas frente a su domicilio en la calle San José 1111, donde militantes y simpatizantes se movilizaron durante el 24 de marzo. Según la fiscalía, estos episodios contradicen las condiciones impuestas, que incluyen no perturbar la convivencia del barrio ni generar disturbios en la vía pública.
En su dictamen, los fiscales señalaron que las manifestaciones no fueron completamente espontáneas, sino que habrían existido convocatorias organizadas a través de redes sociales y espacios políticos. Para el Ministerio Público, esto pone en duda el cumplimiento de las reglas bajo las cuales se otorgó el beneficio.
Además, advirtieron que este tipo de concentraciones masivas generan un impacto directo en la circulación y la seguridad en la zona, y que incluso podrían exponer a la propia ex mandataria a situaciones de riesgo. En ese sentido, consideraron que se desvirtúan los fundamentos del arresto domiciliario.
Si bien hasta el momento el tribunal había entendido que las condiciones se cumplían, la fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para revisar la situación. Por eso, solicitó una advertencia formal para evitar la repetición de estos hechos.
El requerimiento incluye una advertencia concreta: si las conductas se reiteran, podría evaluarse la revocación del beneficio y el eventual traslado a una unidad penitenciaria común.