El Gobierno nacional impuso una multa superior a $21.000 millones al sindicato La Fraternidad, luego de considerar que incumplió la conciliación obligatoria vigente durante el conflicto salarial y el último paro general de la CGT. La decisión fue formalizada por el Ministerio de Capital Humano.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el gremio desobedeció la disposición que obligaba a suspender las medidas de fuerza y garantizar la continuidad del servicio ferroviario. En ese marco, la infracción fue calificada como “muy grave” tras una investigación administrativa.

La conciliación obligatoria había sido dictada el 5 de febrero por un plazo de 15 días, en línea con la normativa vigente que impide acciones directas durante ese período. Desde el Gobierno señalaron que la adhesión al paro implicó una afectación del servicio público y del normal funcionamiento del transporte.

Desde el sindicato, su titular Omar Maturano cuestionó la sanción y adelantó que será analizada en el ámbito judicial. Además, advirtió sobre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, en un contexto de creciente tensión con el Ejecutivo.

El caso se suma a otros conflictos entre el Gobierno y organizaciones gremiales, y podría escalar con eventuales sanciones a otros sindicatos que participaron de la misma protesta.

El jefe de Estado participó del cierre de la Expo EFI 2026, realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde retomó los principales ejes de su política económica. En su exposición, destacó los resultados de su gestión y sostuvo que el rumbo adoptado cuenta con reconocimiento internacional.

Durante su discurso, Milei defendió el ajuste fiscal implementado por su gobierno y afirmó que se trata de un proceso orientado a ordenar las cuentas públicas. En ese marco, rechazó las críticas sobre su impacto y planteó que las medidas apuntan a mejorar la eficiencia del Estado.

El mandatario también puso el foco en la agenda de desregulación económica, al señalar que se eliminaron miles de normativas para facilitar el funcionamiento del mercado. Según indicó, estas reformas buscan impulsar el crecimiento y generar condiciones para la inversión.

En un tramo más enfático, Milei cuestionó a sectores de la oposición y al periodismo, en el marco de un clima de confrontación política. Allí defendió su derecho a responder públicamente a las críticas recibidas.

Además, el Presidente planteó que el proceso económico en curso generará resultados diferentes entre sectores, y sostuvo que el desempeño dependerá de la capacidad de adaptación del sector privado en un contexto de mayor apertura y competencia.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de AySA al aprobar el modelo de Contrato de Concesión que regirá la operación de la empresa. La decisión quedó formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece las bases para la futura transferencia del control.

Según lo dispuesto, la compañía deberá implementar un plan de transición para asegurar el normal funcionamiento del servicio durante el cambio de gestión. El objetivo es evitar interrupciones en prestaciones esenciales como el agua potable y el sistema de cloacas.

El esquema contempla la incorporación de un operador estratégico, que será seleccionado mediante una licitación pública con alcance nacional e internacional. En ese marco, el Ejecutivo busca avanzar en la venta de al menos el 51% del paquete accionario.

La iniciativa se inscribe en la normativa que declaró a la empresa sujeta a privatización y habilitó al Gobierno a avanzar en su transferencia. Además, se prevé que una parte minoritaria de las acciones continúe en manos del Estado y pueda ser colocada en el mercado.

El contrato aprobado define los derechos y obligaciones del futuro concesionario y establece metas de gestión que se extenderán en el tiempo. Desde el Ministerio de Economía señalaron que el proceso apunta a garantizar la calidad, continuidad y cobertura del servicio durante y después de la transición.